La historia va evolucionando a diario y más aún cuando se entrecruzan distintas convocatorias de elecciones, referendos y decisiones institucionales. De hecho, cuestiones locales pueden dar un giro al tránsito de varios capítulos de la historia más cercana, especialmente cuando la resolución más drástica ocurre sin que el territorio afectado de una nación —parte de la institución firmante de un acuerdo— decida dar un paso atrás.

Es el escenario de no intervenir ni apostillar en un pacto internacional, a pesar de las facultades otorgadas por deseo expreso de los países soberanos que lo acompañan en la nueva organización interestatal, porque su territorio, sus ciudadanos, su soberanía nacional y su constitución se ven afectados expresamente con la nueva realidad.

Una realidad que surgiría de un acuerdo a dos bandas entre un gobierno externo a la comunidad europea y un tercer país; en concreto, con un tercer país que, por decisión en las urnas de sus ciudadanos —incluidos los de ultramar—, decidió salir de la comunidad europea y seguir en solitario su desarrollo económico, político, judicial, policial, social y de relaciones internacionales.

57 años del cerrojazo

Se cumplen 57 años del cierre de la verja de Gibraltar a la sombra de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Mientras los responsables políticos afirman que este pacto hará caer «la verja», comparando el hecho con la caída del muro de Berlín, los expertos en derecho internacional aseguran que «la verja no va a caer».

El 8 de junio de 1969 fue un domingo de cerrojazo, el cierre de un fin de semana de vértigo. Las conversaciones entre responsables gubernamentales, el Gobernador Civil y los representantes del sindicato vertical hacían que los teléfonos ardieran. Los trabajadores querían recoger sus cosas. Los que tenían comercios en suelo británico —a nombre de ciudadanos llanitos— lo perdían todo. En el mercado de La Línea, sus comerciantes veían reducido el censo de clientes con poder adquisitivo que cruzaba la frontera para abastecerse. Caos.

Se concretó la retirada de permisos y, lo más minucioso y complicado para los responsables de los trabajadores en Gibraltar: concluir la entrega de las prestaciones económicas y laborales para que el mayor número de ellos se trasladase a otras localizaciones con sus familias, vivienda y un trabajo indefinido. Otros se marcharon sin esas condiciones de vivienda, recibiendo apenas 100.000 pesetas para la mudanza —a fondo perdido— y un empleo de celador, conserje o cualquier otra demarcación laboral, casi todas destinadas a mano de obra sin cualificación profesional.

El cierre permanente de la Verja y el corte de las comunicaciones fue la respuesta del Gobierno de Franco al referéndum por el que la población de Gibraltar había mostrado de forma unánime su deseo de pertenecer a la corona británica, así como a la entrada en vigor de la Constitución que recogió dicha petición ciudadana.

La apertura a cuentagotas

El próximo 15 de julio es la nueva fecha puesta sobre la mesa para conocer cómo se pone en marcha el acuerdo firmado en febrero, después de que la primera apuesta por el 10 de abril quedara en aguas de borrajas. Mientras se soplan las velas del quincuagésimo séptimo cumpleaños de un candado que dio mucho que hablar, la cuenta atrás para el 15 de julio y la puesta en práctica de las directrices del nuevo acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea planea entre ciudadanos y responsables políticos.

Trece años. La frontera estuvo cerrada exactamente 13 años, 6 meses y 7 días. Ya en aquel entonces también se cambió de fecha, y de ello queda constancia en La Línea de la Concepción, porque en el último tercio del siglo XX el gobierno socialista de Felipe González anunció la apertura de la verja para el 20 de abril de 1982. Tanto es así que la avenida que divide perpendicularmente a La Línea de este a oeste lleva ese nombre: Avenida del 20 de Abril.

Finalmente, la frontera se abrió el 15 de diciembre de 1982, solo para el tránsito de peatones. Incluía, además, una serie de restricciones para ciudadanos de terceros países; había que presentar pasaporte y, aún más, los ciudadanos españoles no podían viajar desde Gibraltar a ningún otro país. No podían usar los vuelos que salían desde el aeropuerto hacia el Reino Unido, ni viajar a Tánger o Marruecos desde el puerto gibraltareño.

Se cerró así el capítulo de trece años que puso fin a una decisión del gobierno de la dictadura. La Transición ya estaba girando su posición y la Unión Europea le impuso esa exigencia al gobierno del PSOE si quería formar parte de la comunidad: no podía existir una frontera cerrada con un país miembro de la alianza europea. La apertura tuvo una segunda fase: el tránsito de vehículos y mercancías tras los Acuerdos de Bruselas firmados el 5 de febrero de 1985.

Otro hándicap para los propósitos del gobierno de González y su ministro de Exteriores, Fernando Morán, era la pretensión de formar parte de la OTAN. Mantener una frontera cerrada con Gibraltar —colonia británica y, por ende, territorio de un país miembro con base militar en dicho suelo— no era una buena carta de presentación para una España que quería modernizarse a pasos agigantados.

El repliegue burocrático de Schengen

La estructura aduanera y el uso de la valla como arma geopolítica han persistido durante los últimos 57 años. Esa dinámica de fricción permanente concluye ahora mediante la aplicación de un marco normativo multilateral. El próximo 15 de julio, la frontera terrestre no desaparecerá del mapa, sino que sufrirá un desplazamiento técnico. El acuerdo a dos bandas entre la Unión Europea y el Reino Unido suprime los controles rutinarios en la Verja física. Los módulos de inspección y la verificación de pasaportes se trasladarán formalmente a las terminales marítimas y aéreas del Peñón.

Esta reconfiguración geográfica implica que el territorio gibraltareño funcionará como una extensión del espacio Schengen. Los agentes de Frontex y las autoridades españolas cogestionarán la entrada de pasajeros en el puerto y el aeropuerto. Es un mecanismo de ingeniería jurídica diseñado para garantizar la fluidez de unos 15.000 trabajadores diarios.

La «prosperidad compartida» bajo lupa

A pesar del optimismo institucional y el mantra de la «prosperidad compartida», las crónicas locales del Campo de Gibraltar mantienen un marcado escepticismo. Firmas y analistas de la comarca advierten que la supresión de la valla no disuelve el conflicto, sino que consolida una asimetría fiscal histórica. Algunos expertos apuntan a que el desenlace de este tratado bilateral representa un fracaso geopolítico para Madrid, argumentando que España perdió una oportunidad histórica de negociación al renunciar a su derecho de veto, calificando el nuevo escenario como un «acuerdo fantasma» que maquilla la realidad sobre el terreno.

La tesis local es clara: mientras los despachos de Bruselas y Londres celebran la fluidez, La Línea de la Concepción arrastra una deuda histórica insostenible. Sin resolver el litigio competencial de la soberanía, el tratado corre el riesgo de perpetuar la dependencia económica de la comarca. Al eliminar las barreras físicas sin equilibrar las reglas del juego fiscal, el municipio español se expone a consolidarse definitivamente como una ciudad dormitorio supeditada al dinamismo financiero de la colonia británica.

Cincuenta y siete años después de que los trabajadores retiraran sus pertenencias de sus puestos de trabajo, la brecha económica se queda en un impasse a la espera de conocer, día a día, la realidad de los acontecimientos políticos, económicos y sociales.

España tendrá que ser «examinada» dentro de cuatro años por los firmantes del acuerdo: el Reino Unido y la Unión Europea. Algo que debería sonrojarnos, pero que no es más que el cumplimiento del tratado: analizar los resultados de su puesta en marcha y de la inclusión de Gibraltar como territorio Schengen; solo la colonia británica y sus ciudadanos, ningún otro territorio británico se incluye en el pacto. Toca esperar. De momento, 57 años después, solo podemos ver, oír y… esperar.