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El encaje de Gibraltar tras el Brexit ya tiene un marco definitivo, aunque no exento de una intensa polémica jurídica y política. El nuevo Tratado internacional pactado entre el Reino Unido y la Unión Europea —un gigantesco y enrevesado documento de 366 artículos y 43 anexos— comenzará a aplicarse de forma provisional el próximo 15 de julio de 2026.
Con el objetivo oficial de sepultar los fantasmas del aislamiento y crear una «zona de prosperidad compartida», el histórico texto redibuja por completo el mapa geopolítico de la comarca campogibraltareña, alternando importantes mejoras en la vida cotidiana de los ciudadanos con profundos recelos entre los expertos en política exterior.
El tratado ¿qué cambia en la vida real?
El acuerdo firmado entre la Unión Europe y Reino Unido, que se hizo público el 6 de febrero de este año, busca eliminar barreras y crear una zona de prosperidad compartida para facilitar el día a día de los ciudadanos más cercanos a la zona de conflicto, la verja.
Movilidad y nueva frontera dual
La primera de los titulares del acuerdo ha sido poner de manifiesto el «adiós a la Verja». El propio Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado en su visita a La Línea y en varias intervenciones en los medios de comunicación que la tan traida y llevada reja fronteriza , la última frontera terrestre entre Europa y Reino Unido, desaparecerá por completo, según las intenciones recogidas en la normativa. No habrá más controles físicos ni colas de coches.
Para más inri, la colonia británica entra en la zona libre de Europa – será espacio Schengen- mientras los nuevos controles de pasaportes se mudan al aeropuerto y al puerto de Gibraltar. En estas localizaciones aeroportuarias, la policía de España y de la Unión Europea vigilará de forma dual quién entra en territorio Schengen, desde avión o barco, desde fuera de Europa.
Los derechos de los trabajadores transfronterizos
El censo de trabajadores transfronterizos que a diario cruzan la frontera de Gibraltar -15.000 personas según publican las autoridades de uno y otro lado- se verán beneficiados por un paso rápido y sin retrasos. Al quitar la verja los los trabajadores en Gibraltar se libran de las colas y las esperas para llegar a sus puestos de trabajo.
El tratado recoge que los trabajadores españoles en Gibraltar tendrán los mismos derechos laborales que los ciudadanos residentes en el Peñón. No habrá discriminación por nacionalidad en los contratos ni en las condiciones diarias.
Un punto de inflexión son las jubilaciones y pensiones pero de momento solo se deduce que nadie regalará nada a estos empleados. El acuerdo asegura que cobrarán la pensión y la jubilación que hayan ganado de forma legal. Esto se calculará según sus años trabajados y todas sus cotizaciones acumuladas. Recibirán las mismas prestaciones económicas que un ciudadano gibraltareño al terminar su vida laboral.
Economía, tiendas y ecología
Para los comercios se crea una unión aduanera para mover mercancías sin pagar impuestos extra. Para evitar el contrabando, Gibraltar igualará las normas europeas del tabaco y subirá los impuestos del tabaco, alcohol y gasolina. Esto se hará en tres fases, subiendo del 15% el primer año hasta llegar al 17%.
En el apartado medioambiental Gibraltar tendrá que cumplir las mismas leyes que Europa para no contaminar el mar ni el aire de la zona.
El reparto del poder
La soberanía no cambia. El tratado solo regula personas y bienes. El Reino Unido mantiene el control político y militar de su base. España mantiene intactas sus reclamaciones históricas.
La versión de los expertos
Un grupo de expertos en Derecho Internacional y diplomáticos veteranos se reunió en Algeciras para analizar el documento en una mesa redonda organizada por la UNED, la Academia de la Diplomacia y el diario ‹Europa Sur›. Sus conclusiones fueron muy duras.
En bloque consideran que el acuerdo es «una oportunidad histórica perdida» y presenta en su articulado graves debilidades, advirtiendo los diplomáticos y catedráticos en derecho internacional que «la verja no va a caer» porque entre otras observaciones, dudan del alcance jurídico del texto. Advierten que existen serios riesgos ocultos en materia de soberanía, control de fronteras y medio ambiente.
En concreto, el doctor José Antonio Yturriaga (ex jefe de la Asesoría Jurídica Internacional de España y ex embajador) fue muy crítico. Afirmó en su intervención que España se «auto excluyó» de la negociación y que el Gobierno avanzó a espaldas de la opinión pública y de las Cortes. Asegurando que los textos previos «sólo deparaban beneficios para la parte británica».
Beneficios policiales y legales
El embajador Rafael Fernández-Pita explicó que el tratado detalla mucho más la cooperación policial y judicial mediante funcionarios de enlace que como ya se desarrollo en el acuerdo del 2000, tras un intercambio de cartas diplomáticas que permitieron poner en marcha ocho normativas bloqueadas hasta entonces entre España y la colonia británica.
Por ello insiste en que la cooperación policial y judicial no es una novedad pero sí un logro para Reino Unido. Lo corrobora como «el mayor triunfo del Reino Unido» -algo que deseaba desde que el brexit los llevó fuera del paraguas de Europa porque ahora ha recuperado el acceso a Europol y Eurojust, una herramienta impresionante contra el crimen que el brexit le había quitado.
Va mas lejos aún expresando ese «triunfo británico» porque esa revisión del acuerdo pasados cuatro años «es curioso que la Unión Europea nos va a evaluar a nosotros -los españoles- a tenor del art. 64, la vigilancia y controles en las zonas aeroportuarias».
Los profesores Jesús Verdú, Ana Cristina Gallego y Pablo Antonio Fernández coincidieron con preocupación en que el acuerdo tiene «demasiadas concesiones». Cede demasiadas competencias sin lograr que España asegure su histórica reclamación de soberanía.
Ratificación en Europa: ¿por qué no pasa por el Congreso de España?
El proceso legal de aprobación de este enrevesado tratado ha causado una profunda discrepancia política debido al papel que ha tomado el Gobierno de España en las negociaciones.
La primera de las dudas es por qué ha renunciado el gobierno de España a tener ese derecho de veto que Europa le había concedido tras el brexit. España tomó la decisión de no intervenir de manera directa en la negociación final del acuerdo entre la institución europea y el gobierno británico.
Esta elección otorga el control exclusivo de Bruselas y la ratificación directa en Europa. Al tratarse de un pacto formal gestionado en bloque entre la Unión Europea y el Reino Unido (como tercer país), el texto sigue la vía de las instituciones comunitarias. De hecho, los países de la Unión Europea ya han dado luz verde y aprobado este plan en Bruselas, sin debate ni voto en el Congreso de los Diputados.
Aunque aún no se ha celebrado la votación definitiva y formal para su ratificación completa y es aquí donde existen líneas rojas entre los partidos de la oposición en España que están trasladando a sus homónimos en Bruselas, las circunstancias puestas de relieves por los expertos y lo que consideran «una dejadez» del gobierno español.
Los diputados de los partidos españoles no podrán votar, debatir ni proponer ningún cambio al texto final. Una consecuencia directa por la renuncia del Ejecutivo a tramitarlo mediante convenios bilaterales propios.
Un tratado con luces y sombras
El nuevo acuerdo sobre Gibraltar -negociado entre la Unión Europea y Reino Unido- plantea un cambio radical sobre el terreno con la demolición de la Verja y la mudanza de los controles aduaneros al puerto y aeropuerto.
Esto traerá ventajas prácticas para los ciudadanos, especialmente para los 15.000 trabajadores que tendrán garantizada la igualdad laboral y una jubilación justa. Sin embargo, el texto deja un sabor amargo en el ámbito político y judicial.
Los diplomáticos y expertos alertan de riesgos en la soberanía y consideran que España perdió una gran oportunidad al auto excluirse. Al final, al ser ratificado exclusivamente por la vía europea en Bruselas, el acuerdo entraría en vigor sin haber pasado por el control ni el voto del Congreso español.
