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La provincia de Cádiz concentra el 89% de la facturación de todo el sector naval en Andalucía. Esta hegemonía económica evidencia que los astilleros y su industria auxiliar necesitan con urgencia mano de obra cualificada para no perder el tren de la transformación digital.
Por ello, el nuevo plan se centrará con fuerza en las ofertas de Formación Profesional de Grado C, una vía diseñada para que los alumnos accedan a una instrucción adaptada a las necesidades reales de las plantas y orientada a la obtención de acreditaciones oficiales de profesionalidad.
Un plan contra la burocracia
La publicación en el BOJA de una partida de 1.094.536,80 euros no es un simple trámite administrativo de la Junta de Andalucía. Es un plan de choque directo. Esta inyección financiera pretende adecuar el perfil de 2.450 desempleados mediante una capacitación expresa y exigida por el propio tejido empresarial.
El programa nace del pacto sellado con la patronal del metal (Femca) y el Clúster Marítimo Naval (CMNC). Se busca adiestrar a los futuros operarios en las tecnologías de la industria 4.0. El objetivo prioritario de este protocolo es claro: que los alumnos pasen directo del aula al contrato de trabajo.
El gigante industrial andaluz
Las cifras justifican el despliegue. El naval constituye uno de los principales motores industriales de Cádiz, provincia que concentra el 75% de las 368 empresas andaluzas vinculadas a esta actividad.
Asimismo, la Bahía de Cádiz y sus astilleros amasan el 89% de los 1.425,93 millones de euros que factura el sector en la comunidad y sostienen a más del 83% de las 14.455 personas empleadas en la construcción y reparación de buques en la región.
Tres vías y el temporizador en marcha para las academias
La macro convocatoria se despliega en tres líneas de actuación para blindar el aprendizaje: la formación presencial enfocada al trabajo (Línea 1), las ofertas de FP de Grado C con títulos oficiales (Línea 2) y las especialidades impartidas mediante tele formación (Línea 3).
El pastel de las ayudas se dirige a centros de formación privados —quedando fuera las instituciones sin ánimo de lucro—, con subvenciones que cubrirán hasta el 100% de los costes formativos. Las academias tienen el plazo justo: disponen hasta el próximo 5 de agosto para estructurar sus cursos y presentar las solicitudes a través de la plataforma PROFEUS+A.
