El Gobierno de España prohíbe fumar en playas y piscinas: así es la nueva ley antitabaco

El Gobierno español endurece aún más la ley antitabaco y restringe aún más las zonas para fumadores. Durante este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el nuevo proyecto que incluye la prohibición de fumar en playas marítimas y fluviales, así como piscinas comunitarias y públicas. 

Este texto, que será ahora remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria, busca «dar el siguiente paso para ampliar el derecho a respirar aire limpio», así como «responder a los nuevos productos y especialmente proteger a las nuevas generaciones», según ha indicado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha añadido que España siempre ha estado «a la vanguardia» en la lucha contra el tabaco.

«Equiparar la regulación de productos relacionados con el tabaco» es uno de los principales objetivos, ha indicado al respecto de esta norma, que también recoge en su reformulación la limitación de la venta y suministro de productos relacionados con el tabaco a tiendas especializadas, que no podrán exhibir publicidad ni cartelería visible desde el exterior. De hecho, este aspecto será concretado a través de una orden ministerial de posterior publicación.

Los objetivos que se buscan con la nueva ley

De esta manera, y tras su primer visto bueno en Consejo de Ministros, que se produjo en septiembre del pasado año, este proyecto de ley por el que se modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, cuenta con tres objetivos fundamentales, siendo el primero el citado de ampliar las zonas en las que no se podrá fumar. Además, busca reforzar la protección de la infancia y la adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco.

En este sentido, y según fuentes ministeriales, esta actualización, que se enmarca en el ‹Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027›, responde a los cambios producidos en los patrones de consumo, especialmente entre la población joven. En concreto, se ha producido un auge de nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, los elementos a base de hierbas para fumar o ‹shisha›, las bolsas de nicotina y otros productos que imitan o se asocian al acto de fumar.

En primer término, este texto legal prohíbe fumar también en otros lugares, como piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo -salvo durante su uso exclusivamente personal- y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos. Entre estos últimos se incluyen teatros, cines, conciertos y otros eventos, también cuando tengan lugar al aire libre.

En cuanto al aspecto de la publicidad, el proyecto de ley refuerza las restricciones a esta, así como a la promoción y el patrocinio del tabaco, de los dispositivos para su consumo y de los productos relacionados.

El apartado más novedoso se recoge en los puntos de venta, y es que no podrán realizarse acciones en escaparates ni utilizarse cartelería que, por sus características o ubicación, sea visible o percibida desde el exterior de los estancos y tiendas especializadas.

No se podrá fumar a menos de 15 metros de museos o bibliotecas

De hecho, la norma incorpora los denominados entornos de protección reforzada, entendidos estos como el radio no inferior a 15 metros alrededor de accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, centros deportivos y parques o recintos infantiles. No obstante, contempla un plazo de dos meses para adaptar la señalización en los espacios donde exista prohibición de consumo.

«El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos, respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre», ha afirmado García, quien ha recordado que, cuando se introdujeron las primeras restricciones en este sentido «hubo augurios apocalípticos» y se dijo que «se iba a acabar con la economía» y «con la empresa privada». «No solamente no se cumplieron aquellos augurios, sino que, además, disfrutamos de aire limpio y aire sano en muchos de estos lugares», ha aseverado.

Por otra parte, se prohíbe expresamente el consumo de productos del tabaco por parte de menores de 18 años. En este punto, se equipara esta medida a los cigarrillos electrónicos y a otros productos relacionados, salvo las bolsas de nicotina en cuanto a espacios sin humo, aunque la norma sí prohíbe su consumo por parte de personas menores de edad.

Este texto recupera, por otra parte, el ‹Observatorio para la Prevención del Tabaquismo›, que fue suprimido en 2014 y que va a incluir a personas de diferentes Ministerios. Este órgano propondrá iniciativas, programas y actividades para cumplir los objetivos de la ley; además de que será el encargado de establecer objetivos de reducción de la prevalencia del tabaquismo y del consumo de productos relacionados, y de elaborar informes periódicos sobre la situación y aplicación de la norma.

Con todo, desde Sanidad se ha indicado que esta normativa cierra vacíos legales que se apreciaban con la ley de 2005, la cual consideran que era necesario actualizar para poner el énfasis principal en la infancia y la juventud a colación de los nuevos productos de consumo. Además, han defendido la ampliación de espacios libres de humo por ser una medida altamente eficaz.

Multas de entre 300 y 600 euros

El articulado pretende desnormalizar el consumo y proteger a terceros de la exposición al humo del tabaco, para lo que refleja un régimen sancionador que, como elemento novedoso, sitúa el rango económico en infracciones leves en entre 300 y 600 euros. Junto a ello, se establece la responsabilidad subsidiaria -en cuanto a los menores- de padres o tutores legales, que podrán intercambiar la pena pecuniaria por trabajo para la comunidad.

Por último, las mismas fuentes ministeriales se han mostrado optimistas en cuanto a la posibilidad de que la ley sea aprobada en las Cámaras, ya que es razonablemente sencilla, aunque será necesario analizar cómo de permeables serán los grupos parlamentarios al ‘lobby’ de la hostelería. De cualquier forma, han informado de que no incluye la obligación del empaquetado genérico, lo que se intentará introducir en el trabajo parlamentario, y es que el PSOE no ha aceptado incorporarlo ya.

Los vapers, en el punto de mira

En la misma línea, se tiene la intención de incluir más tarde la prohibición de los vapeadores desechables, ya que se está pendiente de un informe favorable de la Comisión Europea. Y ya para otra norma, concretamente el Real Decreto sobre fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados, quedan otros aspectos, sobre lo que desde Sanidad han asegurado que se están perfilando los últimos flecos con el Ministerio de Hacienda, por lo que «pronto» irá a Consejo de Estado.

A tenor de este panorama legislativo, y felicitándose por la aprobación de este proyecto de ley para conseguir una adaptación a la nueva realidad del tabaco, García ha insistido en que el mismo va a acarrear «ahorro en enfermedades y en salud». Ello en relación con «el principal factor de riesgo evitable», que provoca «50.000 muertes al año», ha explicado.

La titular de Sanidad ha indicado que estas políticas traerán «un ahorro económico que está calculado en ahorro sanitario directo en entre 100 y 200 millones de euros al año», y que son «recursos que se van a poder dedicar a atender otras necesidades del sistema».