La oposición traslada al Congreso y al Senado el colapso de la autopista entre Sevilla y Cádiz después de que los empresarios denunciaran que la falta de previsión podría arruinar la temporada turística.

La incertidumbre sobre la seguridad vial y la capacidad de reacción del Ejecutivo central en las principales carreteras del sur de España ha llegado a las Cortes Generales. El Partido Popular ha registrado una batería de preguntas en el Congreso y el Senado exigiendo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aclare de forma inmediata qué estudios técnicos tiene o planea realizar para garantizar la evacuación de la autopista AP-4, Sevilla-Cádiz, en caso de emergencia.

Esta ofensiva parlamentaria coincide con un clima de profunda desesperación en el sector de la hostelería y el empresariado andaluz, que ven cómo la parálisis administrativa amenaza de nuevo la campaña turística de verano.

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La iniciativa, impulsada por el diputado Miguel Ángel Sastre y la senadora Teresa Ruiz-Sillero, se produce tras el reciente incendio de un camión en la vía, un incidente que colapsó el tráfico durante horas y dejó al descubierto las severas dificultades que encuentran los bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad para acceder a la zona de conflicto. «No es aceptable que una de las arterias principales del país carezca de protocolos claros de evacuación y deje completamente aislada a la provincia de Cádiz ante cualquier mínimo contratiempo», censuró Ruiz-Sillero, quien urge a buscar conexiones alternativas con la carretera nacional.

Un sector económico al límite por las infraestructuras

Mientras la petición formal espera respuesta oficial en Madrid, el tejido empresarial denuncia que el impacto de este vacío logístico es inmediato y devastador.

Representantes de la patronal hostelera Horeca han alertado reiteradamente del impacto negativo que la saturación y la falta de seguridad de la AP-4 proyectan sobre la imagen turística de la provincia, espantando a clientes potenciales debido a las retenciones kilométricas de los fines de semana.

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Por su parte, constructores y empresarios integrados en el Observatorio de Infraestructuras de Sevilla señalan que la falta de respuestas del Gobierno central no solo afecta a la seguridad, sino al desarrollo económico general.

El retraso acumulado en las obras de ampliación comprometidas para los terceros carriles de la AP-4 y la A-49 agrava una situación que el sector califica de «insostenible». Para los empresarios, la falta de previsión del Ministerio no es solo un problema técnico de transporte, sino un freno directo a la competitividad, los servicios y la hostelería de toda Andalucía occidental.