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Los empleados públicos cobrarán un 4,5% más a partir del 1 de enero de 2027. El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública se lo ha confirmado este martes a CSIF, CCOO y UGT, las tres organizaciones que firmaron con el Gobierno el acuerdo marco del pasado noviembre. Lo que aún no existe es una fecha para aprobar la norma que convierta ese compromiso en dinero en la nómina, y los sindicatos temen que las generales del 29 de noviembre lo frenen.
La medida alcanza a más de tres millones de trabajadores de todas las administraciones. En Andalucía, la comunidad con más empleados públicos en términos absolutos, el efecto es especialmente amplio: solo la Junta prevé superar este año los 303.000 trabajadores, a los que se suman las plantillas de ayuntamientos, diputaciones y servicios estatales repartidos por las ocho provincias.
Qué cambia en la nómina
El pacto entre Función Pública y los sindicatos fija una mejora global del 11% entre 2025 y 2028, dividida en cuatro tramos: un 2,5% en 2025; un 1,5% fijo en 2026, más un 0,5% variable ligado a los precios; un 4,5% en 2027, y un 2% en 2028.
El tramo de 2027 es el más alto del acuerdo salarial firmado hasta 2028, que suma un 11% de mejora en cuatro años
El tramo de 2027 es, por tanto, el más alto de todo el periodo. Para hacerse una idea, quien tenga un sueldo bruto de 2.000 euros mensuales ganaría unos 90 euros más al mes desde enero.
Hay además dinero pendiente de este ejercicio. Al 1,5% que ya se aplica en las nóminas de 2026 se le sumará medio punto si el IPC cierra diciembre en ese mismo nivel o por encima. Todo indica que se cumplirá la condición, así que ese 0,5% se cobraría con carácter retroactivo durante los tres primeros meses de 2027.
Una carrera contra el reloj
Las tres centrales coinciden en el diagnóstico: la palabra del Gobierno no basta sin calendario. Tras las urnas, un Ejecutivo en funciones tiene recortado su margen de actuación, y eso podría dejar la subida en el aire durante semanas.
CSIF, que encabeza Miguel Borra, pide aprobarla mediante Real Decreto-ley antes de la cita electoral. Su razonamiento es práctico: comunidades y ayuntamientos necesitan conocer con tiempo la referencia estatal para elaborar sus cuentas y calcular los sueldos con un mismo criterio. Es lo que ocurre con la Junta de Andalucía o con los consistorios de Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz y Almería, que esperan esa norma para trasladar el alza a sus plantillas.
UGT Servicios Públicos va un paso más allá y marca el 24 de noviembre como límite, porque será el último Consejo de Ministros antes de votar. Su secretaria general, Isabel Araque, reclama cerrar ya la fecha y subraya que el Congreso, el Consejo de Ministros o la Diputación Permanente tienen herramientas legales para hacerlo.
UGT fija el límite en el 24 de noviembre, último Consejo de Ministros antes de las generales del 29-N
CCOO, por su lado, insiste en que la plantilla pública necesita «hechos y no declaraciones de intenciones». La organización critica que el Gobierno se haya comprometido sin decir cuándo y exige un decreto inmediato que lleve el 4,5% a la nómina de enero.
La temporalidad, a examen
La cita, enmarcada en la comisión de seguimiento del acuerdo, abordó también el empleo interino. Según CSIF, el equipo de Óscar López prepara junto a las autonomías una reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público. La idea es concretar por ley qué se entiende por abuso de contratos temporales y castigarlo, incluso con el cese de los responsables de las administraciones que no cumplan.
El propio Gobierno admitió, siempre según CSIF, que la temporalidad del sector público sigue atascada en torno al 27% de media y rebasa el 40% en Sanidad y Educación. En Andalucía, ambas áreas son competencia de la Junta, que gestiona el Servicio Andaluz de Salud y la red pública de colegios e institutos.
El Gobierno admite una temporalidad media del 27% en el sector público, que supera el 40% en Sanidad y Educación, según CSIF
CSIF apoya «sanciones ejemplares» y pide también suprimir la tasa de reposición, que ninguna oposición se alargue más de doce meses y que se compense a los trabajadores perjudicados. CCOO reclama terminar ya las estabilizaciones pendientes, llevar ante la justicia a las administraciones que no cumplan y que la nueva ley deje claro qué es fraude y quién responde por él.
Residencia y otras demandas
Los sindicatos piden igualmente poner al día los pluses por residencia y razón de servicio. UGT recuerda que, después del acuerdo de junio para cerca de 11.200 trabajadores estatales en Baleares, quedan por cerrar antes de diciembre los de Ceuta, Melilla, Canarias y el Valle de Arán. CSIF asegura que el ministerio quiere tenerlos listos antes de que acabe 2026.
Las centrales quieren, además, que los grupos de trabajo sigan en marcha. CSIF prioriza acabar con la tasa de reposición, reforzar el mutualismo y las pensiones de Clases Pasivas, y favorecer la movilidad y la carrera profesional. Ante el 29-N, llevará a los partidos tres propuestas: volver a la estructura salarial anterior a 2010, un Plan de Empleo para los servicios públicos y ayudas por residencia dentro de un pacto de Estado de vivienda.
CCOO, por último, avisa de que no pueden quedar en el cajón asuntos como el retiro anticipado parcial de funcionarios y estatutarios o la nueva clasificación profesional, y pide avanzar en salud laboral, igualdad, inteligencia artificial y condiciones del personal del Servicio Exterior.
