El 20 de octubre de 2011, tres encapuchados anunciaron en un vídeo el «cese definitivo de la actividad armada» de ETA. Detrás quedaban décadas de asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas. El grupo terrorista había matado a 853 personas, según los datos del Ministerio de Interior. Entre sus crímenes más devastadores figuran la bomba de Hipercor, en Barcelona, en 1987, que causó 21 muertos; el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en 1987, con 11 fallecidos, entre ellos cinco niñas; y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997, que desató una movilización ciudadana sin precedentes contra la banda. También permanece en la memoria el secuestro de José Antonio Ortega Lara, que pasó 532 días encerrado en un zulo.

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El final no llegó de golpe. La presión policial y judicial, la cooperación con Francia, el rechazo social y el aislamiento político fueron estrechando el margen de una organización cada vez más debilitada. No fue hasta el 2017 cuando ETA entregó las armas y se terminó disolviendo oficialmente el 3 de mayo de 2018.

De las armas a la política

La izquierda abertzale se incorporó plenamente a la competición electoral a través de diferentes formaciones entre las que destacó EH Bildu. Su peso institucional ha crecido, pero la convivencia con ese pasado continúa siendo motivo de controversia: el debate sobre la memoria, los homenajes a presos y el reconocimiento del daño causado sigue dividiendo a la sociedad vasca y al conjunto de España.

15 años después, quedan alrededor de 110 condenados por terrorismo etarra cumpliendo penas; más de la mitad disfruta de algún régimen de semilibertad

En las cárceles, el balance también es muy distinto al de 2011. Cuando ETA anunció el fin de la violencia, unos 559 presos vinculados a la organización cumplían condena en España y otros 150 en Francia. 15 años después, quedan alrededor de 110 condenados por terrorismo etarra cumpliendo penas. Más de la mitad disfruta de algún régimen de semilibertad, entre terceros grados y aplicaciones del Reglamento Penitenciario. El acercamiento a Euskadi se generalizó a partir de 2018 y la gestión penitenciaria pasó al Gobierno vasco en 2021. Para las instituciones, estas medidas forman parte de la legislación y la reinserción; para asociaciones de víctimas, algunas decisiones no están suficientemente respaldadas por el arrepentimiento o la colaboración con la Justicia.

Asuntos por resolver

Pero el silencio de las armas no ha resuelto todos los casos. Hay 379 crímenes de ETA que continúan sin esclarecer, una cifra que mantiene abierta una de las principales deudas con las víctimas y sus familias. El paso del tiempo, la pérdida de pruebas y la dificultad para obtener nuevos testimonios complican las investigaciones. Cada asesinato sin autor conocido es una causa pendiente, pero también una familia que todavía espera respuestas.

Queda, además, una batalla menos visible: la de la memoria. Tras década y media, una parte de los jóvenes conoce de forma superficial qué fue ETA y qué significó vivir bajo su amenaza. Enseñar lo ocurrido, escuchar a las víctimas y distinguir entre el final de una organización y la reparación de sus consecuencias se ha convertido en otro de los retos. ETA ya no existe como banda terrorista, pero su historia no está cerrada mientras haya asesinatos sin resolver, víctimas que reclamen reconocimiento y una sociedad que todavía discuta cómo transmitir ese pasado. El terrorismo terminó; sus consecuencias, no.