El próximo martes será una jornada clave para esclarecer lo ocurrido en el accidente ferroviario de Urda y atender a sus víctimas. El Consejo de Ministros aprobará un real decreto con un paquete de ayudas económicas destinado a los afectados y a los familiares de las personas fallecidas.

Tras la reunión del Ejecutivo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá en rueda de prensa para informar sobre el contenido del documento y explicar las medidas de apoyo previstas. Desde el Gobierno señalan que la aprobación de estas ayudas seguirá el procedimiento habitual ante tragedias de esta magnitud.

Además, Puente entregará al Gobierno un informe con los datos de los que dispone sobre el accidente ferroviario. El titular de Transportes también comparecerá ese mismo martes ante la Diputación Permanente para ofrecer explicaciones sobre lo sucedido.

Como referencia, el accidente de Adamuz

El paquete de ayudas previsto para las víctimas de Urda tendrá como referencia las medidas que el Gobierno puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). En aquella ocasión, el Ejecutivo aprobó un conjunto de ayudas por valor de 20 millones de euros y dio luz verde a 136 solicitudes de indemnización para víctimas y familiares de fallecidos.

El sistema contemplaba ayudas directas y no reembolsables en caso de fallecimiento o lesiones, además de anticipos de las indemnizaciones correspondientes por responsabilidad civil. En el caso de las personas fallecidas, las ayudas ascendían a 72.000 euros de compensación directa y otros 72.000 euros en concepto de anticipo, ambas cantidades libres de impuestos.

Para las víctimas que sufrieron lesiones, las cantidades se establecieron en función de la gravedad, con importes que iban desde los 2.400 euros en los casos más leves hasta superar los 84.000 euros en las lesiones de mayor consideración. A estas se sumaban los anticipos correspondientes.

Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determinaba las indemnizaciones, las víctimas recibían una cantidad adicional equivalente. De esta forma, los familiares de cada fallecido podían llegar a percibir un total de 210.000 euros en un plazo no superior a tres meses.