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La mayoría de los acampados abandonan la Puerta del Sol de Madrid tras más de un mes de protestas por la vivienda. La decisión las han tomado la mayoría de organizaciones que montaron la acampada tras el desahucio de Maricarmen. La intención es centrar esfuerzos en preparar la huelga general del próximo 11 de noviembre.
Sus integrantes han decidido abandonar el asentamiento para trasladar su actividad «a los barrios», según han informado a través de un comunicado la organización Acampada 26S. Esta acampada ha durado más que en otras grandes capitales, en Sevilla, Granada y Málaga los convocantes decidieron levantar la acampada hace semanas con el mismo objetivo.
«La acampada ha cumplido inmensos objetivos y expectativas, recordándonos que el pueblo tiene muchas herramientas para la intervención política directa», consideran los convocantes en el citado comunicado. También avisan de que lucharán por el derecho a la vivienda «salga quien salga y esté quien esté en el Congreso de los Diputados después de las elecciones del 29N».
Algunos acampados resisten: dos comisiones deciden seguir
No obstante, aún quedan manifestantes en Sol. Dos de las comisiones que estaban detrás de la acampada han decidido continuar.
Gobierno y Comunidad piden su fin
Tanto Gobierno como Comunidad de Madrid quieren el fin de la acampada. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo pide desde la primera jornada de la acampada y, ahora, se suma el Gobierno.
La Delegación del Gobierno en Madrid pidió el lunes a través de una carta levantar la acampada de Sol: aseguraban que ya había transcurrido «un tiempo razonable» desde el inicio de la misma y las condiciones y reivindicaciones «han cambiado».
Esta fue, indican fuentes de la Delegación a Europa Press, una decisión de Francisco Martín, el anterior jefe de la institución que decidió dimitir tras no entrar en las listas electorales del PSOE de cara al 29-N.
Ayuso manda al exdelegado a los tribunales
Por su parte, la Comunidad de Madrid anunció el pasado viernes la presentación de una denuncia penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el exdelegado del Gobierno. Le acusan de presuntos delitos de prevaricación administrativa por no actuar y desalojar la Puerta del Sol y por omisión del deber de perseguir delitos que «se están cometiendo de forma continuada en la acampada ilegal» de la Puerta del Sol.
