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El Gobierno ha retomado su actividad tras el periodo de vacaciones y casi un mes después de la crisis migratoria de Ceuta. En el Consejo de Ministros de este martes se ha aprobado una reforma de la ley de asilo y de la ley de extranjería con el objetivo de evitar que vuelva a repetirse una situación como la ocurrida en Ceuta.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado tras la aprobación de estas reformas y ha señalado que «el objetivo es adecuar la legislación española al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo». Además, ha afirmado que, «por primera vez en la historia», la situación de Ceuta es de «interés para la seguridad nacional».
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, también se ha formalizado la creación de un mando único que se encargará de gestionar la crisis migratoria que afecta a Ceuta desde la entrada masiva de migrantes a nado durante los pasados 30 y 31 de julio.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que el objetivo común de ambos textos es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio. El Gobierno recabará ahora los informes de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, así como del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y del Consejo Estatal de ONG.
Un cambio garantista respecto a los migrantes
En cuanto a la nueva ley de asilo y a la reforma de la ley de extranjería, Marlaska ha explicado que se trata de anteproyectos elaborados con un enfoque «garantista de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes». «El mismo enfoque que nos llevó, como bien saben, a rechazar el Reglamento de Retorno a Terceros Países. Pero también es una perspectiva que conjuga la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país», ha apuntado.
Del mismo modo, en relación con la ley de asilo, ha expuesto que el objetivo del Ejecutivo es contar «con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista, que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias».
El ministro ha detallado que la nueva norma actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Además, incorpora nuevas realidades como la persecución relacionada «con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad».
Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, ha indicado que la futura ley diferencia entre el procedimiento ordinario de examen, un procedimiento de examen y aceleración de los expedientes y un procedimiento de frontera, que deberá resolverse en un plazo determinado.
Este último procedimiento tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante el cual el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. El ministro ha insistido en que el nuevo procedimiento no supone dejar de tramitar ningún expediente de protección internacional, sino «todo lo contrario», ya que permitirá contar con «tiempos más breves» y «sin menoscabo alguno de los derechos y libertades fundamentales».
Un triaje de 72 horas
Respecto a la ley de extranjería, la reforma incorpora la figura del triaje, un proceso de recogida de información de los extranjeros que cruzan las fronteras españolas sin haber sido sometidos a los controles fronterizos de entrada. «El control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos», ha explicado Marlaska.
El ministro ha precisado que el triaje es «obligatorio» para los Estados miembros y que, aunque el reglamento europeo establece un plazo de hasta siete días, en España se mantendrá en 72 horas «para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas».
