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El calendario previsto para la implantación de teletrabajo en la Administración andaluza sufren un frenazo. Los empleados públicos de la Junta de Andalucía no podrán acogerse a las jornadas laborales no presenciales el próximo mes de septiembre, tal y como se barajaba en las previsiones iniciales. La complejidad del procedimiento administrativo y los plazos legales han obligado al Gobierno autonómico a dilatar la aprobación definitiva de la norma que regulará este nuevo modelo laboral.
En septiembre, continuaremos con la tramitación para que en el menor tiempo posible seamos capaces de tenerlo resuelto; este decreto y todos los de la Ley de Función Pública
Así lo ha confirmado este martes el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, quien ha descartado de forma tajante que el marco regulador esté listo para el arranque del curso tras el parón estival. La intención del Ejecutivo andaluz sigue siendo dar luz a esta propuesta.
La tramitación legal
El motivo principal de este aplazamiento radica en el curso formal que debe seguir el futuro decreto. La normativa requiere de informes perceptivos, consultas sectoriales y el paso por distintos órganos consultivos de la comunidad autónoma antes de llegar a la mesa del Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.
«El decreto de teletrabajo no estará en septiembre porque la tramitación es imposible que se realice en un único mes», ha señalado Nieto para justificar el aplazamiento y rebajar las expectativas que apuntaban a una aplicación inmediata a la vuelta de las vacaciones.
Tras el verano
La regulación del teletrabajo es una de las demandas más reiteradas por los representantes sindicales y el personal de la Junta, que reclaman un modelo estable y homogéneo que sustituya a las medidas transitorias aplicadas anteriormente.
El texto busca fijar el número de días de trabajo semanales a distancia, los requisitos técnicos y las garantías para el trabajador y el funcionamiento del servicio público al ciudadano.
Con este nuevo escenario, la entrada en vigor se traslada, como pronto, al último trimestre del año. La administración autonómica continuará durante las próximas semanas con la tramitación técnica del documento para que, una vez superados todos los filtros, el decreto vea la luz.
