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Los sindicatos de la Policía Nacional han reaccionado a las críticas por la intervención de los agentes ‹antidisturbios› en el desahucio de Maricarmen, mujer de 87 años que residía en régimen de alquiler en el barrio del Retiro en Madrid: cumplían una orden judicial y hay que analizar toda la actuación y no «imágenes aisladas».
«Entendemos perfectamente la dureza de las imágenes y que se investigue cualquier posible irregularidad. Pero también pedimos que se escuche a los policías que estuvieron allí, que se analicen las grabaciones completas y que se tengan en cuenta las órdenes recibidas y las circunstancias reales de un dispositivo complejo», han señalado desde el Sindicato Unificado de Policía –SUP–, en referencia a la investigación anunciada desde la Delegación del Gobierno en Madrid.
Según protestan, no se puede «exigir a los agentes que cumplan una resolución judicial» para después «juzgar su actuación exclusivamente por unos segundos de vídeo, sin conocer lo que ocurrió antes».
Piden una «investigación rigurosa»
El SUP ha reclamado que se lleve a cabo una «investigación rigurosa» tras las denuncias del Sindicato de Inquilinas y de otros activistas, políticos y ciudadanos que apuntan a que fueron «gaseados» con espray policial o que recibieron golpes que dejaron «marcas» en la espalda o cabeza cuando trataron de impedir el desahucio.
«Los policías también tienen derecho a la presunción de inocencia y a todas las garantías legales», ha apuntado el SUP tras recordar que ni Maricarmen ni ninguna otra persona son desahuciadas porque lo decida directamente la Policía Nacional.
Han defendido así a los agentes que practicaron el desahucio, que ya pueden hacer uso de los servicios jurídicos del SUP, que «garantizaron el cumplimiento de una resolución judicial» en una situación «especialmente complicada» por al «enorme presión mediática» y por la presencia de «personas que trataban de impedir la intervención», 10.000 personas se manifestaron encabezados por el Sindicato de Inquilinas.
El Gobierno «se lava las manos»
Ante las críticas por «brutalidad policial» de activistas, ciudadanos y políticos que trataron de impedir la actuación de la UIP, fuentes del Ministerio del Interior se limitaron a expresar el miércoles, cuando se estaba produciendo el desahucio de Maricarmen, que la Policía Nacional cuenta con protocolos internos en el caso de que detectara cualquier actuación irregular.
Para Jupol lo que ha intentado el Gobierno es «lavarse las manos». «Resulta esperpéntico que el delegado del Gobierno en Madrid pretenda desmarcarse de la responsabilidad institucional del operativo para, posteriormente, cuestionar públicamente la actuación de los policías», ha indicado.
En este sentido, este sindicato reprocha la «hipocresía» del representante del Gobierno en Madrid: «Cuando hay que garantizar que se cumpla una resolución judicial, los policías son necesarios; cuando aparecen imágenes polémicas y sesgadas, algunos responsables políticos parecen querer desentenderse del dispositivo y señalar a los agentes».
Piden «garantías»
Como es habitual en este tipo de polémicas, los sindicatos han recordado la normativa que fija al delegado del Gobierno como la autoridad política supervisora del dispositivo, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
Por este motivo, Jupol ha reclamado que cualquier actuación concreta que pueda ser objeto de investigación por el desahucio de Maricarmen se analice con «todas las garantías», esto es, «valorando el dispositivo en su conjunto, no solo imágenes de una de las partes, editadas y sesgadas».
