La Fiscalía ha pedido tres años de prisión y más de dos millones de euros entre multa y responsabilidad civil para un empresario de 64 años por la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública por impagos por un importe de 633.150 euros en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el ejercicio fiscal correspondiente a 2018.

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«Estas rentas no declaradas derivaban de ingresos recibidos en las propias cuentas del acusado procedentes de diversas entidades controladas por él en las que, además de ser socio único o mayoritario, ostentaba el cargo de administrador único», según detalla la Fiscalía en el escrito de conclusiones provisionales de este caso, al que ha tenido acceso Europa Press.

Transferencias desde otras cuentas corrientes

Con estas nueve sociedades, el procesado habría «percibido en las cuentas corrientes de su titularidad una serie de transferencias realizadas desde cuentas corrientes» por valor de 2.749.974 euros. «Una vez descontados los pagos realizados por las sociedades, que no tienen la consideración de rendimientos del trabajo y que no fueron incluidos por el obligado tributario en la autoliquidación por el IRPF del ejercicio 2018».

De este modo la cuota defraudada por el IRPF habría ascendido a los 633.150 euros. Es la misma cantidad que la Fiscalía impone al procesado en concepto de indemnización conjunta y solidaria a la Agencia Tributaria. Por la presunta comisión del delito le pide tres años de prisión y 1.400.000 euros de multa.

Está previsto que los hechos sean enjuiciados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 28 de octubre.