La protesta de las 102 familias de las viviendas protegidas de Jiménez Becerril volvió a poner el foco sobre el Ayuntamiento de Sevilla. Los vecinos del edificio situado en el número 27 de esta avenida se concentraron en la Plaza de San Francisco para exigir una intervención municipal tras la venta del inmueble a un fondo de inversión. La movilización acabó trasladándose al Salón de Plenos, donde se vivieron momentos de tensión y los manifestantes fueron desalojados.

El conflicto gira en torno a la defensa de los hogares en los que estas familias ya residen desde hace años. Los afectados denuncian que la venta del edificio, anteriormente vinculado a La Caixa, ha provocado fuertes incrementos del alquiler, incertidumbre sobre la renovación de los contratos y temor a perder sus casas.

La concentración comenzó alrededor de las 12:00 horas, con la participación de colectivos en defensa de la vivienda y representantes de la oposición municipal. Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como «Las VPO son para vivir, no para especular» y «Nuestro hogar no es un negocio», dirigidos contra la utilización de viviendas protegidas como activos de inversión.

Cuarta expulsión del Pleno

La movilización continuó en el interior del Ayuntamiento, donde varios afectados mostraron carteles durante la sesión plenaria para reclamar una respuesta del Gobierno municipal de José Luis Sanz. La protesta terminó con la intervención de agentes de la Policía Local, que procedieron a desalojar a los manifestantes del Salón de Plenos. Las imágenes de la jornada muestran a los vecinos exhibiendo sus reivindicaciones en presencia de los agentes municipales.

El concejal de Izquierda Unida, Ismael Sánchez Castillo, denunció públicamente lo ocurrido y vinculó el desalojo con otras expulsiones de vecinos de sesiones plenarias. «Cuarta expulsión del Pleno. Vecinas de Jiménez Becerril. La vivienda es un derecho, no un producto de mercado», publicó el edil en sus redes sociales.

La protesta en la Plaza de San Francisco.

La protesta trasladó así al máximo órgano de representación municipal una reclamación concreta: que el Ayuntamiento actúe para evitar que las 102 viviendas protegidas queden sometidas a las decisiones de un fondo de inversión y garantizar que sus actuales residentes puedan permanecer en ellas.

Un edificio de VPO vendido a un fondo de inversión

El origen del conflicto se remonta a la venta del edificio de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, 27, promovido originalmente por la Obra Social La Caixa y destinado al alquiler protegido. Los residentes conocieron el pasado mes de abril que el inmueble había cambiado de propietario. Según denuncian, la operación se produjo sin que el Ayuntamiento ejerciera su derecho de tanteo para intentar adquirir las viviendas e incorporarlas al parque público.

Desde entonces, las familias aseguran que su situación ha empeorado. Sandra Cruz, una de las vecinas afectadas, explicó durante la concentración que los alquileres han experimentado incrementos de hasta el 47% y que se han producido negativas a renovar determinados contratos.