La Audiencia Provincial de Sevilla ha aplazado hasta el próximo 3 de noviembre el inicio del macrojuicio por el brote de listeriosis vinculado a la empresa Magrudis en 2019 para dar más tiempo a las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre las indemnizaciones, que rondan los diez millones de euros. Los abogados de algunos de los afectados han criticado la falta de implicación del Ayuntamiento de Sevilla, señalado en la causa como posible responsable civil subsidiario, mientras que el Consistorio sostiene que abonará las cantidades que le correspondan si la justicia determina la responsabilidad de la veterinaria municipal investigada.

Este nuevo aplazamiento pretende facilitar un acuerdo entre las partes que evite la celebración de un juicio previsto para 43 sesiones. Los letrados Manuel Parrilla y Germán Grima han expresado su disposición de seguir negociando, pero reclaman al gobierno municipal que participe en la financiación de las compensaciones económicas. Parrilla ha criticado el «silencio» del Ayuntamiento durante las conversaciones y ha señalado que la nueva prórroga permitirá comprobar si el Consistorio modifica su postura.

Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales han defendido que no pueden suscribir un acuerdo extrajudicial que implique reconocer anticipadamente la culpabilidad de la veterinaria. La institución asegura que asumirá las indemnizaciones que le correspondan si existe una resolución judicial que determine su responsabilidad. También ha manifestado su disposición a renunciar a los 100.000 euros que reclama en el procedimiento, aunque mantiene sus reservas sobre el acuerdo propuesto por las acusaciones.

Noticia relacionada Las claves del caso Magrudis: cuatro muertes, más de 200 afectados y las preguntas que el juicio debe responder

Las indemnizaciones: diez millones reclamados y cinco pendientes de cubrir

El desacuerdo se centra en cómo cubrir las indemnizaciones reclamadas por los afectados. Según las informaciones publicadas sobre las negociaciones, la cantidad total ronda los diez millones de euros y los abogados consideran que el Ayuntamiento debería contribuir a cubrir la parte que todavía falta por financiar, atendiendo a su posible responsabilidad civil subsidiaria. Las cantidades definitivas y el reparto entre las partes dependerán de los términos de un eventual acuerdo o de lo que se determine judicialmente.

Las indemnizaciones reclamadas por los afectados rondan los diez millones de euros, según los abogados que representan a las víctimas. De acuerdo con la información publicada por El País el 23 de octubre, las aseguradoras municipales habían consignado más de seis millones de euros y una de ellas amplió su aportación durante las negociaciones. Sin embargo, los letrados calculan que todavía quedarían alrededor de cinco millones por cubrir, una cantidad que reclaman al Ayuntamiento de Sevilla en atención a su posible responsabilidad civil subsidiaria.

En el procedimiento también intervienen AXA, aseguradora vinculada a Magrudis, y AIG y Zurich, compañías relacionadas con la responsabilidad civil de la veterinaria municipal. El auto de apertura de juicio oral de noviembre de 2022 recogió la consignación de 300.000 euros por parte de AXA, dentro de los límites de su póliza, y requirió fianzas a las aseguradoras vinculadas a la funcionaria. Estas cantidades tienen como finalidad asegurar las posibles responsabilidades económicas derivadas de la causa, pero no equivalen por sí mismas a una condena definitiva ni determinan el reparto final de las indemnizaciones.

Noticia relacionada Aplazado el juicio de la carne mechá contaminada de Magrudis por un informe forense de última hora

El auto judicial, los antecedentes del brote y el futuro del macrojuicio

El auto de apertura de juicio oral, dictado en noviembre de 2022 por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, incluyó al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario por la actuación atribuida a la veterinaria municipal encargada de inspeccionar las instalaciones de Magrudis. Esta figura jurídica implica que la Administración podría tener que responder económicamente en los términos que establezca la resolución judicial, si concurren los requisitos legales. Sin embargo, su inclusión en la causa no supone una condena definitiva ni determina por sí sola la cantidad que tendría que abonar el Consistorio.

El brote de listeriosis se detectó en agosto de 2019 y estuvo vinculado a la carne mechada de la marca La Mechá, elaborada por la empresa sevillana Magrudis. La crisis sanitaria provocó cuatro fallecimientos y seis abortos, además de afectar a más de 250 personas, según las cifras difundidas sobre el caso. La investigación judicial se centró tanto en las presuntas irregularidades relacionadas con la seguridad alimentaria de la empresa como en la actuación de la veterinaria municipal encargada de supervisar sus instalaciones.

Si las partes no alcanzan un acuerdo sobre las indemnizaciones, el procedimiento continuará con la celebración del macrojuicio, cuyo inicio está previsto para el 3 de noviembre. La vista, para la que se han programado 43 sesiones, deberá esclarecer las responsabilidades penales y civiles derivadas del brote. Hasta entonces, las negociaciones siguen abiertas, con el Ayuntamiento de Sevilla como uno de los principales puntos de desacuerdo por su posible responsabilidad en el pago de las compensaciones a los afectados.