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El caso Magrudis llega a juicio siete años después del brote de listeriosis vinculado, entre otros productos, a la carne mechada de la marca La Mechá. La crisis causó cuatro fallecimientos, siete abortos y afectó a más de 240 personas, según el recuento de víctimas y perjudicados utilizado en las informaciones judiciales.
La causa examina la posible responsabilidad de los gestores de la empresa, de dos sociedades vinculadas a la elaboración de productos cárnicos, de un arquitecto técnico y de una veterinaria municipal. También aborda las posibles consecuencias económicas para las aseguradoras y el Ayuntamiento de Sevilla como responsables civiles subsidiarios. Hay muchas preguntas por resolver aún.
El juicio comenzó con la primera visto oral el pasado 16 de octubre de 2026 en la Audiencia Provincial de Sevilla. El tribunal ha concedido a las partes un plazo para intentar alcanzar un acuerdo antes de continuar la vista oral debido a un informe forense de última hora presentado por una de las acusaciones. De no lograrse dicho acuerdo, se retomaría la primera sesión el 26 de octubre.
Los primeros indicios son de 2018
El origen judicial del caso se encuentra en el brote de listeriosis detectado en agosto de 2019, vinculado al consumo de carne mechada elaborada por Magrudis y comercializada bajo la marca La Mechá. La Junta de Andalucía declaró la alerta sanitaria el día 15, después de que los análisis identificaran la presencia de Listeria monocytogenes en el producto.
La investigación se amplió posteriormente a otros alimentos de la empresa y examinó si sus responsables habían tenido conocimiento de la contaminación antes de la alerta pública. Según las conclusiones de la instrucción recogidas en la documentación judicial, existían resultados positivos anteriores al brote y posibles incumplimientos de las obligaciones de seguridad alimentaria.
Es en febrero de 2019 cuando se sitúa la comunicación a Magrudis de un resultado positivo de la bacteria en una muestra de carne mechada de un lote que correspondía al 20 de diciembre de 2018. Según el auto judicial de septiembre de 2019, los indicios apuntaban a que algunos responsables de la empresa conocían la presencia de Listeriosis antes de que se declarara el brote en agosto. La Guardia Civil, al igual que la Fiscalía sostenía que los responsables empresariales ocultaron información y que sus actuaciones contribuyeron a las consecuencias del brote.
Detección del brote y primeras acusaciones
Durante la primera mitad de agosto de 2019, las autoridades sanitarias investigaron varios casos de listeriosis detectados en Andalucía, algunos agrupados en brotes familiares.
Las pesquisas epidemiológicas apuntaron a la posible relación entre la enfermedad y el consumo de carne mechada comercializada bajo la marca La Mechá, elaborada por la empresa sevillana Magrudis. El 14 de agosto se confirmó la presencia de ‹Listeria monocytogenes› en muestras de productos de esa marca. Al día siguiente, la Junta de Andalucía declaró la alerta sanitaria.
La investigación amplió progresivamente el alcance de la alerta al detectarse contaminación en otros productos elaborados por Magrudis. El 20 de agosto, la Junta comunicó al Ayuntamiento de Sevilla la necesidad de ampliar la prohibición y requirió información sobre los productos comercializados y su distribución.
En los días siguientes se emitieron nuevas alertas parciales para productos como el lomo al pimentón, el lomo al jerez, los chicharrones, la manteca colorá y distintas variedades de zurrapa y pringá. Finalmente, el 28 de agosto se extendió la alerta a todos los productos de la marca La Mechá.
Mientras continuaba el seguimiento epidemiológico, la investigación pasó a tener una dimensión judicial más definida. Se decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para José Antonio Marín Ponce y su hijo, al apreciar indicios que consideró relevantes para adoptar esa medida cautelar.
La resolución se enmarcaba en una investigación por posibles delitos contra la salud pública y por las consecuencias del brote; no constituía una condena ni suponía que la responsabilidad penal estuviera ya determinada.
Acusados y a qué penas se enfrentan
Los principales implicados son José Antonio Marín Ponce (administrador de hecho de Magrudis) y su hijo Sandro José Marín Rodríguez (administrador único de Magrudis S.L), para quienes la Fiscalía solicita 11 años y 6 meses de prisión por delitos contra la salud pública, homicidio, aborto y lesiones por imprudencia grave, falsedad documental y defraudación eléctrica.
Por otro lado, Encarnación Rodríguez Jiménez (responsable de producción y autocontrol sanitario) y Mario Marín Rodríguez (administrador de Elaborados Cárnicos Mario S. L.) se enfrentan a una petición fiscal de 10 años de cárcel. Mantienen las mismas imputaciones que José Antonio y Sandro José, exceptuando la de falsedad documental, de ahí la ligera rebaja de condena.
Los otros dos procesados presentan una situación procesal diferenciada al no atribuírseles directamente las consecuencias lesivas del brote. Para Sergio L. G. (arquitecto técnico de la empresa), acusado de falsedad en documento oficial, la Fiscalía solicita 1 año y 6 meses de prisión. Respecto a María José Ojeda (inspectora veterinaria municipal), acusada por su control e inspección de las instalaciones, la Fiscalía no formula acusación penal contra ella.
En el plano de las personas jurídicas y las responsabilidades económicas, la Fiscalía y Facua exigen la disolución legal y multas para las sociedades Magrudis S. L. y Elaborados Cárnicos Mario S. L. En el ámbito civil, se reclaman indemnizaciones para las víctimas (familiares de fallecidos, mujeres que sufrieron abortos y lesionados) y el abono de los gastos sanitarios a las administraciones.
La Fiscalía cifra en 141.040,12 euros la deuda con el Ayuntamiento de Sevilla, 800.000 euros para la Junta de Andalucía y 5.861,26 euros para Endesa por el fraude eléctrico. De estas obligaciones económicas responderán directamente las aseguradoras AXA, AIG Europe y Zurich España, figurando el Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil subsidiario.
