No es suficiente. Esto es lo que piensa el profesorado de la Universidad de Sevilla (US) sobre la modificación presupuestaria que anunció el Consejo de Gobierno de la Hispalense para hacer frente a los gastos de 2026. La institución lleva arrastrando problemas de financiación que se remontan al anterior mandato de Miguel Ángel Castro, cuya gestión económica ha denunciado CSIF ante la Fiscalía.
En cambio, desde el Rectorado han realizado una nueva llamada a la calma tras aprobar este mes de octubre una transferencia desde el capítulo de inversiones al de gastos de personal, lo que supondría inyectar casi 10 millones de euros extra para las plantillas.
La modificación presupuestaria, que la Hispalense puso sobre la mesa en un principio, supone un recorte en las partidas del Plan Propio de Docencia (2,3 millones de euros) e Investigación (2,1 millones), en becas de formación (0,4 millones) o del 20% para Departamentos y Centros (0,8 millones). Esto implica un ahorro de 5,6 millones de euros, que irían destinados a los gastos del personal.
En cambio, el Comité de Empresa del PDI (Personal Docente e Investigador) laboral pone el foco recientemente en las consecuencias de esta medida de contención, tales como la falta de medios básicos, masificación de aulas, cancelación de la financiación de actividades docentes, investigadoras y proyectos sociales o el deterioro paulatino de las instalaciones.
Tildan el escenario de «asfixia financiera» tachando de «irresponsables» tanto al equipo de Gobierno anterior, encabezado por Miguel Ángel Castro, como al Ejecutivo andaluz.
Los profesores lo consideran insuficiente
A pesar del plan del Consejo de Gobierno para cubrir el Capítulo I (Gastos de Personal), el PDI laboral insiste que «sigue existiendo un déficit de más de 13 millones de euros para pagar los gastos salariales». Con todo esto, el profesorado se movilizó el pasado miércoles a las puertas del Rectorado, así como en las facultades de Biología, Económicas y Comunicación. Asimismo, este martes han convocado una asamblea del PDI en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo para preparar nuevas movilizaciones.
Como consecuencia de esta situación, aseguran que están «bloqueadas» las estabilizaciones del Profesorado Ayudante Doctor (AyD) y Profesorado Permanente Laboral (PPL), paralizadas convocatorias predoctorales y se han producido retrasos en la contratación de más de un centenar de profesores sustitutos. Además, señalan que existe una deuda con el PDI por impago de complementos autonómicos, quinquenios, sexenios y trienios, que a finales de año sostienen que superará los 5,3 millones de euros.
Una nueva transferencia inyectará casi 10 millones en los gastos de personal
En contrapartida, desde el Consejo de Gobierno de la Hispalense han realizado una llamada a la calma después de las denuncias del profesorado. Según detallan fuentes próximas al Rectorado consultadas por 101 TV, el Consejo Social de la US aprobó el pasado 7 de octubre una transferencia presupuestaria de 9,6 millones de euros desde el capítulo de inversiones al capítulo de gastos de personal. Esta cantidad, unida a los 5,6 millones de euros en transferencias aprobados previamente, elevaría a algo más de 15 millones de euros los créditos destinados a reforzar la cobertura de la plantilla.
El Consejo de Gobierno explica que estas decisiones forman parte del Plan Económico-Financiero 2026-2027, elaborado por la Universidad en cumplimiento de la normativa vigente y aprobado también por el Consejo Social. Este se articula en dos grandes ejes: el Plan de Eficiencia Organizativa para la Sostenibilidad Financiera y Plan de Captación de Fondos Estratégicos e Institucionales. Según detallan desde la propia institución, el fin último es alcanzar «una contención del gasto cercana a los 16 millones de euros» a 31 de diciembre de 2026.
Desconfianza del profesorado frente a la auditoría
Una de las bazas a las que se agarra el actual equipo, dirigido por Carmen Vargas, para acabar con el déficit era la auditoría encargada por la Junta de Andalucía. Esta pretende redimensionar y actualizar el dinero que debe derivar la administración andaluza para las universidades públicas de la comunidad.
Los docentes hablan de la «fe ciega» del Gobierno de la US respecto a esta promesa. «Los sistemáticos incumplimientos de los compromisos financiadores hacen pensar que el Gobierno andaluz esté más interesado en hacer anuncios de financiación extraordinaria que en reconocer las deudas», subrayan.
En cambio, desde el Consejo de Gobierno actual defienden que las cuentas de la Universidad de Sevilla han sido auditadas por «una de las cuatro firmas más prestigiosas del mundo en el sector de las auditorías». Además, recalcan que obran en poder de la Consejería, la Cámara de Cuentas de Andalucía y son de público conocimiento.
«Absoluta tranquilidad» en el Rectorado tras la denuncia de CSIF
El sindicato CSIF decidió hace unos días elevar a la Fiscalía una denuncia por la gestión económica del anterior equipo de Gobierno de Miguel Ángel Castro, del que la actual rectora formaba parte. La decisión de solicitar esta investigación judicial busca depurar responsabilidades de tipo penal, en caso de que la Fiscalía considere tal escenario, según ha detallado el sindicato.
Por su parte, el mensaje que traslada el actual Consejo de Gobierno encabezado por Carmen Vargas es de «absoluta tranquilidad, máxima transparencia y plena predisposición a colaborar con la justicia». Así lo han indicado fuentes próximas al Rectorado consultadas por 101 TV.
Asimismo, muestran su confianza en la gestión del equipo de Miguel Ángel Castro, del que la actual rectora formaba parte. De esta forma, han querido poner la pelota encima del tejado de la Junta de Andalucía: «El déficit se produce como consecuencia de la insuficiencia en la financiación de las universidades públicas y afecta al conjunto del sistema público andaluz». Entre tanto, el comité de empresa del PDI laboral seguirá adelante con las movilizaciones y no cesarán sus reivindicaciones por ahora en un curso que se prevé intenso.
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