El Ayuntamiento del municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, gobernado por el Partido Popular junto con Cambia San Juan, ha aprobado con la abstención de Vox una resolución de Alcaldía con la que se propone comenzar un recurso contencioso-administrativo contra la reclamación de la Junta de Andalucía de una deuda de 4.319.719,52 euros, «dimanante del convenio de colaboración entre la Junta y este Ayuntamiento -firmado en 2022- para la construcción y la puesta en servicio de la línea uno» del metro, inaugurada en abril de 2009.

La Junta de Andalucía reclama más de 172 millones de euros a los cuatro municipios por los que trascurre la línea uno del metro: Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache. Esta es una deuda derivada de la explotación del suburbano hispalense, gestionado por una sociedad encabezada por la corporación privada Globalvía y donde también está presente, de manera minoritaria, la Junta de Andalucía como adjudicataria del servicio y responsable última del mismo. La deuda reclamada es en concepto de financiación de la subvención pública del precio del billete, lo que compensa la diferencia entre el precio que pagan los usuarios y el coste técnico real del servicio, que es mayor.

Carlos Leo, concejal popular de Urbanismo, fundamenta el recurso que pretenden presentar en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, promovida en 2013 por el Gobierno central del Partido Popular, presidido entonces por Mariano Rajoy. Esta ley impide a los municipios pagar «gastos de competencias que no les son propias», como sería en este caso el transporte metropolitano. Si bien es cierto que los ayuntamientos de los cuatro municipios abarcados por la línea uno del metro firmaron dicho convenio, con el compromiso de asumir parte del citado coste de la subvención pública al billete, en la práctica «ninguno» de los consistorios ha pagado el importe.

El edil del consistorio sanjuanero ha anunciado que, además de acudir «directamente» a un litigio Contencioso-Administrativo, «como ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla», el Ayuntamiento de San Juan reclamará «más adelante la anulación» del citado convenio de 2002. El socialista Fernando Zamora ha expresado su apoyo a esta postura dado que hay sentencias previas favorables y que el convenio de 2002 resulta ya «anacrónico y en algunos aspectos leonino», según ha dicho.