Las nueve universidades públicas andaluzas han puesto cifras a su malestar con la Junta. En un comunicado conjunto difundido este viernes, los campus de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y la Pablo de Olavide denuncian que el Gobierno autonómico aún no les ha abonado una partida comprometida para este ejercicio.

También sostienen que el proyecto de presupuestos para 2027, aunque crece, se queda corto frente a lo que marca el sistema de reparto acordado. La reclamación afecta a todo el mapa universitario andaluz, de Málaga y Sevilla a Granada, Cádiz o Almería, y llega en plena tramitación de las cuentas regionales del próximo año.

38 millones en el aire

El primer frente es inmediato. La Comisión Técnica reúne a los gerentes de las universidades y a la Consejería de Universidad, con la participación de Hacienda. Según sus cálculos, los centros necesitan como mínimo 38 millones de euros extra en 2026. Ese dinero sirve para aplicar la llamada cláusula de salvaguarda, la herramienta del modelo que cubre las subidas salariales de cada año. La cifra todavía debe recibir el visto bueno definitivo de Hacienda.

La transferencia se acordó en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrado el 17 de abril. Debía llegar en un segundo reparto antes del 31 de diciembre. Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, ese pago no se ha producido.

Las universidades tendrán que cerrar 2026 sin saber con qué dinero pagarán unas nóminas que están obligadas a asumir

Las universidades advierten de que tendrán que cerrar sus cuentas sin saber con qué ingresos contarán. Esos ingresos deben cubrir unos compromisos, sobre todo nóminas, que están obligadas a asumir completos.

Más dinero, pero no basta

De cara a 2027, los rectorados admiten que el borrador presupuestario de la Junta sube respecto a este año. Sin embargo, sostienen que esa mejora se queda corta frente a lo pactado. El motivo, según explican, es que no absorbe gastos como las subidas de sueldo, el aumento natural de la plantilla o el mayor coste de las cotizaciones sociales.

Además, consideran que algunas decisiones del Ejecutivo pueden restar competitividad al sistema. Estas son sus principales objeciones:

• Plantilla. Según los campus, el techo de gasto en personal fijado para 2027 no refleja el crecimiento real de sus equipos. Piden ajustarlo a unas obligaciones salariales que, subrayan, vienen impuestas en gran medida desde fuera.
• Salvaguarda. Para cumplir esta cláusula el próximo año faltarían al menos otros 15 millones, de acuerdo con sus estimaciones provisionales.
• Nivelación. Exigen dotar de fondos reales el mecanismo previsto para rescatar a los centros que acumulan años de escasez de recursos. Son centros que no pueden cuadrar sus balances solo recortando.
• Gasto corriente. El modelo obliga a actualizar cada año las partidas de bienes y servicios, como luz, mantenimiento o suministros. Esa revisión supondría más de 26 millones que, denuncian, no figuran en el borrador.

El presupuesto para investigación cae de 158 a 127 millones de euros, un 20% menos que este año

La rebaja que más inquieta a las universidades es la de investigación. La partida cae desde 158 millones hasta 127, un recorte del 20%. A su juicio, esta decisión choca con el objetivo de construir una economía basada en la ciencia y la tecnología propias.

Préstamos sin plan de obras

Los campus también analizan la nueva línea de préstamos públicos a bajo interés. Reconocen que puede aliviar apuros concretos. Pero insisten en que no sustituye a un plan de obras a varios años, que es competencia de la Junta y sigue pendiente. Lamentan, además, que no se atendiera su petición de suprimir por completo los intereses de esos créditos.

Diálogo, con condiciones

Pese al tono crítico, las nueve instituciones se declaran dispuestas a negociar con el Gobierno andaluz. Eso sí, rechazan que el modelo se aplique a medias y a base de aportaciones puntuales que no se mantienen en el tiempo.

Los campus avisan de que, si nada cambia, el déficit acabará siendo crónico en todo el sistema

El diagnóstico final es severo. Según el comunicado, varias universidades están contra las cuerdas después de años de recortes. Ya no pueden garantizar por sí solas ni sus gastos más básicos. Si la situación no se corrige, avisan, el déficit se hará crónico, con un impacto directo sobre trabajadores y alumnos. Califican esta situación de incomprensible «en el momento de mayor bonanza económica en la historia de Andalucía».

Por ello, piden a la Junta que cumpla lo que fija la Ley Orgánica del Sistema Universitario y garantice a los campus públicos una financiación «suficiente, estable y previsible».