El alcalde de El Puerto de Santa María aclara que «no ha habido registro» en su despacho y asegura estar libre de sospecha

El alcalde del Puerto de Santa María, Vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz y responsable del área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico en la institución provincial, ha salido al paso del desembarco de la Guardia Civil en el Edificio Roma de la institución provincial donde han requerido documentación de los contratos de patrocinio que la administración gaditana ha realizado con el empresario hostelero y promotor musical Pascual Llopis.  Las pesquisas, que se instruyen bajo estricto secreto de sumario, se centran en presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental vinculados a la gestión de grandes eventos y negocios de ocio. Uno de los negocios que está en el centro de la investigación es el festival Puro Latino que se celebra todos los veranos en el recinto ferial Las Banderas en El Puerto.

El origen de las pesquisas entre Sevilla y Cádiz

El operativo policial arrancó de forma simultánea en las provincias de Sevilla y Cádiz, donde los agentes estatales procedieron al registro minucioso de diversos locales comerciales y oficinas vinculadas a los negocios de Llopis. Sobre el empresario pesan graves cargos de índole económica que han puesto bajo la lupa su conglomerado hostelero y de organización de eventos musicales de gran formato.
La onda expansiva de esta intervención penal ha alcanzado una dimensión especialmente delicada en El Puerto de Santa María. Coincide temporalmente que uno de los establecimientos señeros de Llopis se encuentra en el complejo de Puerto Sherry, formando parte del grupo de negocios hosteleros apercibidos oficialmente de cierre definitivo por la administración autonómica para el próximo 7 de julio debido a irregularidades en sus licencias.

La personación policial en el Edificio Roma

El avance de las diligencias obligó a la Guardia Civil a extender su radio de acción hasta el Edificio Roma de la capital gaditana, sede del Área de Planificación Estratégica de la Diputación Provincial. El objetivo de los investigadores era el requerimiento de información contractual específica, una fórmula jurídica empleada para recabar documentos administrativos sin que ello implique la imputación formal de la entidad que los custodia.
En este punto de la intervención, los agentes requirieron formalmente cinco expedientes públicos de patrocinio —ayudas financieras e institucionales ligadas a la promoción de la marca provincial— referentes a conciertos organizados por el promotor investigado en diversos municipios de la geografía gaditana. Fuentes de la investigación confirman que este tipo de personaciones técnicas se han replicado en otras administraciones públicas andaluzas con las que el empresario mantenía relaciones comerciales habituales.

Germán Beardo desmiente el registro de su despacho

Ante el alcance mediático de la operación, el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente de la Diputación Provincial, Germán Beardo, ha emitido un comunicado para desmentir que sus dependencias personales fuesen objeto de la intervención. «Las informaciones aparecidas no son exactas; no ha habido ningún registro en mi despacho del Área de Planificación Estratégica en la Diputación», aclaró con rotundidad el dirigente popular.

Beardo ha precisado que la actuación de la Guardia Civil se ha limitado al plano técnico de la gestión pública. Los agentes, asegura, «solicitaron cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con el empresario sobre conciertos de los que era promotor». El vicepresidente ha coincidido con la nota oficial de la propia Diputación al destacar la «máxima colaboración» del personal técnico, que ha facilitado de inmediato toda la documentación requerida.
El regidor portuense ha explicado además que acudió al Edificio Roma de forma voluntaria: «Sin ser requerido me he personado para apoyar las actuaciones y al personal técnico, abandonando el área porque no era necesaria mi presencia».

«Uso político y torticero»

En las conclusiones de su defensa escrita, Germán Beardo ha arremetido con dureza contra el uso que la oposición y ciertos sectores están haciendo de las diligencias judiciales abiertas y bajo secreto sumarial.
«Lamento profundamente el uso político y torticero de una operación de investigación, sobre la que no existe información oficial, de un empresario local en la que nada tengo que ver», finaliza.