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La fecha más esperada de la era post-Brexit ya es una realidad oficial. La Unión Europea y el Reino Unido firmarán en Bruselas el histórico Tratado de Gibraltar el próximo 13 de julio. Este paso definitivo activará una vertiginosa cuenta atrás en la comarca: apenas 48 horas después de la rúbrica, el 15 de julio, la histórica Verja dejará de existir para dar paso a un nuevo modelo de convivencia y libre circulación terrestre.
El ritmo en la zona es frenético. Las excavadoras aprovechan las noches para demoler estructuras, marquesinas y controles de personas y vehículos, obligando a realizar determinados provisionales imprescindibles para agilizar las obras necesarias. Estos desvíos provisionales están provocando las primeras retenciones e incidencias intermitentes en los sistemas informáticos de control documental, anticipando el gran cambio físico.
Schengen se muda al puerto y al aeropuerto compartido
El presunto gran alivio del tratado será para los miles de trabajadores transfronterizos, que con esta propuesta deberán ver cumplido el objetivo de las restricciones en los accesos a sus puestos de trabajo. Las famosas «colas» que en ocasiones han ocupados portadas de periódicos deben desaparecer junto a la obligación de mostrar documentación para cruzar a pie o en coche.
Sin embargo, la seguridad fronteriza no se elimina, sino que se traslada de lugar. Al integrarse Gibraltar en el espacio Schengen de la mano de España, las nuevas puertas de acceso migratorio se desplazan exclusivamente al puerto y al aeropuerto de la colonia británica.
A partir del 15 de julio se estrenará un complejo modelo de controles mixtos y conjuntos entre agentes locales y españoles. Además, el aeropuerto del Peñón pasará a tener un uso conjunto, abriendo la puerta a nuevas rutas comerciales con aeropuertos de la Unión Europea. Debido a la extrema sensibilidad política de este despliegue, el nuevo sistema estará bajo una estricta observación internacional durante sus primeros años de aplicación.
Arranque provisional y un doble examen a los cuatro años
Pese al despliegue de las excavadoras, el histórico pacto arranca con importantes frentes abiertos en el plano jurídico. El tratado se aplicará de forma provisional a partir del 15 de julio tras recibir el visto bueno de los Estados miembros de la UE, pero su ratificación definitiva en el Parlamento Europeo y en el británico podría prolongarse hasta principios de 2027.
El texto definitivo guarda una compleja letra pequeña sobre su continuidad. A los cuatro años de su puesta en marcha, el tratado se someterá a un doble examen técnico fundamental.
De un lado, la evaluación a España al desplazarse la frontera exterior europea al puerto y aeropuerto del Peñón, España estará bajo la lupa de la Unión Europea y del Reino Unido. Las instituciones de Schengen evaluarán minuciosamente si las autoridades españolas cumplen con el estricto rigor que exige la vigilancia aduanera y el control migratorio en las nuevas terminales de Gibraltar.
En el otro costado, el blindaje de rescisión porque paralelamente, el artículo 66 del texto otorga un mecanismo de salvaguarda legal a Madrid: la clausula de salvaguarda. Esta herramienta permite a España suspender el acuerdo si se detectan incumplimientos en materia fiscal, policial o de competencia desleal, reservando el derecho unilateral de rescindir el tratado y dar marcha atrás al acuerdo antes de 2030.
