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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un ultimátum al Ayuntamiento de Carboneras (Almería). En un auto judicial, el tribunal ordena al consistorio que complete el proceso para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en un plazo máximo de 20 días hábiles, sin posibilidad de prórroga.
El hotel de El Algarrobico es un edificio de 21 plantas construido en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que lleva años en el centro de una disputa judicial y medioambiental. La licencia que autorizó su construcción fue concedida el 13 de enero de 2003 por el propio Ayuntamiento de Carboneras a la empresa promotora Azata del Sol S.L. Una sentencia de 2021 declaró esa licencia nula, pero su ejecución lleva meses bloqueada.
El plazo, improrrogable
El TSJA exige al alcalde Salvador Hernández que dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia, bajo amenaza de ejecución subsidiaria
El auto va dirigido expresamente al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, y le insta a dictar la resolución que cierre el procedimiento de revisión de oficio de la licencia. El tribunal avisa además de que, si el ayuntamiento no cumple en plazo, podrá ordenar la ejecución subsidiaria de la sentencia, es decir, llevar a cabo las acciones necesarias de forma directa sin depender del consistorio.
Un pleno que no prosperó
La situación se precipitó tras un pleno extraordinario celebrado el 17 de junio. En esa sesión, y a propuesta de un concejal no adscrito respaldada por una exedil del PP y cinco concejales del PSOE, se acordó aplazar la votación para anular la licencia. Esos concejales socialistas han sido expulsados temporalmente de su partido precisamente a raíz de esta decisión, lo que ha provocado la disolución del grupo municipal del PSOE en el ayuntamiento. Sus integrantes figuran ahora como miembros no adscritos.
El alcalde y cinco concejales del PP votaron en contra de ese aplazamiento, pero no fueron suficientes para impedirlo. El Ayuntamiento remitió al TSJA el acta de ese pleno el 23 de junio con la intención de acreditar que la corporación no había rechazado la anulación de la licencia, sino que la había pospuesto a petición de varios concejales.
Presión desde varias instancias
El Ministerio para la Transición Ecológica, Greenpeace y la Junta de Andalucía ya habían pedido al TSJA que ejecutara la sentencia de forma forzosa ante las dilaciones del consistorio almeriense
Ante el bloqueo, varias instituciones y organizaciones habían pedido al tribunal que actuara sin esperar más al ayuntamiento. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico instó al TSJA a la ejecución subsidiaria, aunque solicitó previamente la convocatoria de un nuevo pleno para intentar aprobar el acuerdo. Desde el ministerio se pidió a todos los grupos políticos del consistorio que votaran a favor. Por su parte, Greenpeace y la Junta de Andalucía fueron más directos y reclamaron una ejecución forzosa inmediata que no dependiera de nuevas votaciones municipales.
Con este auto, el TSJA cierra la puerta a más demoras y exige una resolución definitiva antes de que concluyan los 20 días hábiles fijados.
