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Las alfombras institucionales se han visto sacudidas por un vendaval judicial de enorme calado político y empresarial. Agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla se han personado de forma imprevista en el edificio Roma de la Diputación de Cádiz para registrar las dependencias de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la institución provincial, forzando la suspensión inmediata de su agenda pública.
El despliegue, que cuenta con el apoyo de la Comandancia gaditana, mantiene un hermetismo absoluto bajo el paraguas del secreto de sumario, pero según han confirmado fuentes propias a este medio, la investigación apunta a una presunta trama corrupta organizada y participada por Beardo, su equipo, el empresario Pascual Llopis y el entramado del grupo BanBan, bajo la sospecha de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación y tráfico de influencias.
El rastro de las adjudicaciones turísticas
La irrupción en las oficinas oficiales no es un hecho aislado, sino la ramificación institucional de una macrooperación que ha madrugado en las calles de El Puerto de Santa María. La estrecha relación que mantienen el empresario hostelero Pascual Llopis y el regidor popular Germán Beardo es un secreto a voces tanto en la localidad portuense como en el resto de la provincia. De hecho, las pesquisas se centran en las diversas adjudicaciones de eventos musicales de masas que Llopis y su entorno han recibido por parte del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico que dirige el propio Beardo, una macroárea que engloba las competencias clave de Turismo, Desarrollo Económico y Proyectos Estratégicos.
El epicentro de las investigaciones se venía fraguando desde el año 2023, una fecha en la que este medio ya advirtió públicamente sobre las irregularidades en la gestión de estos macroeventos. Ha sido precisamente la persistente presión ciudadana la que ha terminado por destapar un caso que examina con lupa los flujos económicos de grandes citas musicales de la provincia. Los investigadores buscan esclarecer la regularidad de las ayudas y los convenios otorgados a estas empresas de ocio, rastreando si el dinero público sirvió como pantalla para el lavado de activos.
Colaboración institucional y entrega de actas
Ante el revuelo originado en los pasillos de la administración provincial, el portavoz del Gobierno de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, se ha apresurado a emitir un comunicado oficial para detallar la situación y calmar los ánimos políticos. Ortiz ha confirmado la presencia de los agentes de la Benemérita procedentes de Sevilla en el edificio Roma y ha aclarado que el objeto exclusivo de la personación ha sido la solicitud de información detallada sobre determinados expedientes de contratos de patrocinio vinculados a la investigación en curso.
El portavoz ha querido enfatizar la predisposición absoluta de la institución provincial ante el requerimiento judicial, asegurando que en todo momento el personal que desarrolla su labor en dicha sede ha prestado su máxima colaboración a las fuerzas de seguridad. Según detalla la nota oficial de la Diputación, toda la documentación contractual y los archivos informáticos requeridos del Área de Planificación y Proyectos Estratégicos han sido entregados sin dilación a la Policía Judicial para facilitar el esclarecimiento de los hechos. La comarca permanece atenta al desarrollo de una jornada que promete nuevos movimientos policiales y un profundo terremoto en el panorama político local.
