La Junta de Andalucía da un paso más para implantar la obligatoriedad de tener un título acreditado de B1 en un idioma extranjero en algunas oposiciones en la región, en concreto en el Subgrupo A1. La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Función Pública se reunirá con los sindicatos en la mesa sectorial para abordar, entre otros, este asunto.

La reunión aún no tiene fecha concreta, y en ella se hablará también de la implantación del teletrabajo. La anterior Mesa Sectorial se celebró el pasado 22 de septiembre y acordó atrasar la implantación del B1 para que no afecte en las oposiciones de este año.

Esta convocatoria ha sido forzada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que pedía una Sectorial «de inmediato» para que la Consejería explique el «incumplimiento del plazo pactado» y concrete «cuándo culminará la tramitación del decreto».

B1 para un subgrupo que ya lo debe tener

Igualmente, en la anterior Sectorial se acordó que las convocatorias que se publiquen en el primer semestre de 2027, 2028 y 2029 «incluyan la exigencia de idiomas en el subgrupo A1, en los términos que se negocien».

Para acceder a una plaza en este grupo ya es necesaria una titulación universitaria, que ya exige un título de un idioma extranjero, que será el B2 a partir de 2029.

El consejero andaluz de Función Pública, José Antonio Nieto, ya lo anunció en el Parlamento, donde aseguro que esta es una medida consensuada con los sindicatos, «conocidas por todos» y que lleva «mucho tiempo anunciada».

Así, será una exigencia para quienes quieran optar a un puesto en la Administración Pública en el subgrupo A-1 un título de B1 en inglés, francés o alemán. Para el consejero es «de sentido común» porque «estamos en una sociedad que requiere este tipo de conocimientos y con gran movilidad» por el «gran peso del turismo». 

Teletrabajo

En cuanto al teletrabajo, el pacto alcanzado con los sindicatos el 21 de abril de 2026 fijaba «expresamente» que la tramitación del proyecto «deberá haber concluido a finales del mes de septiembre de 2026». «Ese plazo ha vencido sin que el decreto se haya aprobado: el compromiso se ha incumplido», afirma el Sindicato.

«Exigimos explicaciones documentadas sobre el estado del expediente, los trámites pendientes y las causas de la demora», agregan.