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La Junta de Andalucía ha declarado desastre natural en el potencial agrario y forestal el incendio originado el 6 de agosto en Niebla –Huelva– que afectó un perímetro de aproximadamente 210 kilómetros y cerca de 33.000 hectáreas en esta provincia y en Sevilla, según el programa europeo Copernicus.
Así lo ha acordado este lunes el Consejo de Gobierno a propuesta de las consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Según el Gobierno autonómico, esta declaración se aprueba como paso previo para poner en marcha diferentes actuaciones y medidas urgentes para ayudar a la supervivencia socioeconómica y la viabilidad a largo plazo de las comarcas afectadas de las provincias de Huelva y Sevilla.
De esta forma, ambas consejerías adoptarán medidas para flexibilizar las ayudas para los titulares de las respectivas explotaciones afectadas por el incendio. Este reconocimiento institucional resulta «crucial», apunta la Junta en un comunicado, para impedir que los afectados «pierdan fondos esenciales o sean penalizados por incumplir requisitos técnicos debido a una causa de fuerza mayor».
Un incendio de «extraordinaria magnitud»
La Administración andaluza señala que este incendio ha constituido una emergencia «de extraordinaria magnitud y complejidad», tanto por la extensión alcanzada como por las condiciones extremas en las que se desarrollaron las labores de extinción.
Ha arrasado extensas superficies de masa forestal que combinaban pinares y áreas críticas de dehesa y monte mediterráneo «de alto valor ecológico». Se constata también la destrucción del potencial maderero y, de forma «muy severa», una pérdida «drástica» en la producción de corcho y de bellota de los montes públicos y privados de la zona –especialmente en Berrocal–; así como eucaliptales en explotación –tanto activos como abandonados–.
En la provincia de Huelva se han visto afectados los municipios de Berrocal, El Campillo, Niebla, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zalamea la Real; mientras que en la provincia de Sevilla ha sido afectado Aznalcóllar.
Efectos a largo plazo
Además, la desaparición del estrato vegetal deja los suelos expuestos a una erosión «inminente» ante futuras lluvias otoñales, haciendo «indispensables» obras hidrotecnias de emergencia para proteger las cuencas fluviales. Por otro lado, la fauna local ha sufrido una fragmentación de hábitats «sin precedentes».
Los acotados de caza de los términos municipales afectados registran una pérdida «absoluta» de refugio, encames y alimento, «provocando una alta mortalidad directa y el desplazamiento forzoso de poblaciones». En concreto se han visto afectados 34 cotos; 27 en la provincia de Huelva y siete en la de Sevilla.
La ganadería extensiva, la gran perjudicada
En el ámbito agrario, la ganadería extensiva se ha convertido en la gran perjudicada por este incendio: ha provocado un daño agrario directo, ya que ha eliminado o reducido la cubierta herbácea y arbustiva de la que se alimenta el ganado y ha comprometido la campaña de montanera del cerdo ibérico y la disponibilidad de sombra para los animales.
También ha provocado gastos de evacuación y alimentación extraordinaria en animales y colmenas. Se tiene constancia de que se han visto afectadas 38 explotaciones de bovino y equino, seguidas de pequeños rumiantes y porcino, según la información proporcionada por la Junta de Andalucía.
«Se deben buscar soluciones»
Así, desde la Junta destacan que la afectación es «de tal magnitud» que «se deben buscar soluciones viables para la recolocación de las colmenas en aquellas islas verdes o superficies que no se hayan visto afectadas, siempre que sea posible».
De igual modo, la red viaria de comunicación ha sufrido daños estructurales y pasos de agua, cunetas y firmes de tierra se encuentran dañados y parcialmente intransitables.
También se han producido daños por la ejecución de cortafuegos, corte o retirada de alambradas, además de daños a instalaciones y cerramientos ganaderos. Por último, la pérdida del potencial productivo forestal-agrario y la destrucción de servicios ecosistémicos esenciales –regulación del ciclo hídrico y fijación de carbono– exigen también una intervención pública «inmediata».
