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El Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el conocido empresario hostelero Pascual Llopis y para otro de los principales encausados, identificado como Mario G. L. Ambos abandonaron la sede judicial a última hora de la tarde en dirección al centro penitenciario tras una tensa jornada marcada por un goteo constante de furgones policiales y una enorme expectación mediática.
Las detenciones e ingresos en prisión se enmarcan en una macrooperación que investiga delitos graves de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Una tensa mañana judicial marcada por el silencio
El despliegue policial en el juzgado comenzó a las 09:00 horas en punto con la llegada de los primeros arrestados del total de ese grupo de ocho detenidos que finalmente pasó a disposición judicial —tres de los once detenidos iniciales quedaron libres en dependencias de la Guardia Civil—. El primero en entrar esposado fue uno de los hermanos Veiga, empresarios del ocio nocturno en Cádiz capital, cuyo abogado declinó hacer declaraciones. Media hora más tarde, hacían su entrada la pareja sentimental y el hijo de Pascual Llopis, junto al segundo de los hermanos Veiga. El propio Llopis, dueño del chiringuito Margarita y la discoteca Banana en Puerto Sherry, llegó dos horas después en un vehículo policial de menor tamaño.
La estrategia de defensa fue uniforme y contundente: los ocho detenidos que pisaron el juzgado se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. Tras las vistas, el magistrado decretó la libertad provisional con cargos y la obligación de comparecer periódicamente para los seis restantes, incluidos los familiares de Llopis y los hermanos Veiga, centrando la medida de prisión incondicional exclusivamente en el hostelero portuense y en Mario G. L. Las autoridades judiciales centran ahora sus esfuerzos en cruzar la documentación con los flujos de efectivo —superior al millón de euros en metálico— hallados en los registros de los chiringuitos y discotecas.
Los contratos
Más allá del dinero en metálico —1.000.000 euros— el foco principal del caso se sitúa en la documentación requerida por la Guardia Civil en el Edificio Roma de la Diputación de Cádiz. Los agentes requirieron en el área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, dirigida por Germán Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la institución provincial, la documentación correspondiente a cinco expedientes de patrocinio público. Las pesquisas apuntan a que el entramado criminal tejió una red de contratos adjudicados a dedo a través de dos sociedades controladas por Llopis: Restauración, S.L. y Luna Bahía, S.L. Con estas firmas, el empresario logró captar la llamativa suma de 1,3 millones de euros de dinero público en un periodo inferior a los dos años, utilizando de manera sistemática el procedimiento negociado sin publicidad.
El rastreo cronológico de los expedientes bajo sospecha arranca en mayo de 2024, cuando la Diputación otorgó una primera partida de 211.818 euros libres de impuestos a la empresa Luna Bahía para financiar el ‘Pal Sur Festival’. Esta marca musical operaba como un evento itinerante que recorría de forma recurrente municipios de la sierra y la costa gaditana como Prado del Rey, Ubrique, Villamartín o Tarifa. Tan solo unos meses después, en septiembre de ese mismo año, la misma mercantil amarró un contrato directo express de 35.000 euros para el evento ‘Baila Paterna’, un acuerdo que se formalizó apenas tres días antes de que se celebrara la cita en Paterna de Rivera.
La inyección de capital público se multiplicó de cara a las siguientes campañas. En abril de 2025, la institución provincial volvió a firmar una nueva adjudicación para el ‘Pal Sur Festival’ por un montante de 314.049 euros, una cifra superada por el convenio sellado el pasado 28 de abril de 2026. En esa fecha, escasas semanas antes de que estallara
la operación policial, la red de Llopis se aseguró un patrocinio de 454.545 euros (ambas cantidades sin IVA) para la edición del festival de este año.
El círculo provincial de ayudas se cerraba un mes antes, el 24 de marzo de 2026, con la firma de un contrato de 150.000 euros con IVA incluido destinado a la Preferia de El Puerto de Santa María, un festejo que se desarrolló a mediados de abril en el céntrico Parque de la Victoria.
Toda esta maquinaria administrativa provincial es analizada con lupa por la Fiscalía Antidroga para determinar si las adjudicaciones directas sirvieron de pantalla legal para inflar costes de manera artificial e introducir en el circuito financiero los beneficios ilícitos del narcotráfico. De forma paralela, la causa mantiene un segundo frente abierto tras el requerimiento realizado a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para inspeccionar el contrato de patrocinio del Festival Puro Latino, otro de los grandes ejes de un caso que amenaza con provocar un terremoto político en la provincia.
