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El choque por alcance entre un tren de la compañía operadora privada Iryo y un AVE de Renfe se ha cobrado la vida hasta el momento de 70 personas y mantiene a 34 heridos hospitalizados, 15 de ellos en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los investigadores de la Guardia Civil y los técnicos de Adif custodian ya las cajas negras para esclarecer un siniestro que ha quebrado la confianza en el modelo ferroviario.
La mañana del 28 de octubre España y el mundo amanecía con la noticia de un accidente ferroviario por alcance en la provincia de Toledo, en Urda. Un fallo técnico crítico fulminó de forma imprevista el sistema de seguridad automatizado LZB en el tramo de Urda. En cuestión de segundos, un radio de 63 kilómetros de vía del corredor Madrid-Andalucía se quedó completamente a oscuras y sin control digital.
Siguiendo estrictamente el protocolo de seguridad ante una caída total del sistema, los seis trenes que transitaban por ese sector detuvieron su marcha de inmediato. A partir de ese instante, la red pasó a control manual: la gestión del tráfico y la distancia entre convoyes quedó bajo soporte telefónico y señales laterales desde el Centro de Control de Adif en la estación de Atocha.
El fallo del sistema LZB
Mientras los operarios en Madrid intentaban gestionar la crisis, se autorizó la reactivación de la línea en modo degradado. Los controladores ordenaron a los maquinistas reanudar la marcha bajo el amparo de señales mecánicas y a velocidad convencional. Fue en ese preciso momento cuando se desencadenó la fatalidad en cadena.
El tren Iryo 6076, que circulaba en dirección a Sevilla y se encontraba detenido en la vía, sufrió un problema eléctrico añadido e independiente del apagón general. Este fallo informático propio de su tecnología bloqueó el sistema de desbloqueo de sus frenos. El tren privado se quedó completamente clavado e inútil sobre los raíles, sin posibilidad de reiniciar la marcha.
Por detrás, circulando en idéntico sentido y sobre la misma vía, avanzaba el tren AVE 2080 de Renfe. Su maquinista rodaba cumpliendo la orden de «marcha normal» emitida por el puesto de mando centralizado. Al carecer de los automatismos del sistema LZB, que habrían frenado el tren de forma remota al detectar un obstáculo delante, el conductor avanzó a ciegas respecto al estado del tramo anterior.
A las 08:53 horas, a la altura de la entrada de la estación de Urda, el AVE embistió brutalmente por detrás al convoy de Iryo. El alcance se produjo a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora. El impacto desguazó por completo los vagones traseros del tren privado, provocando el descarrilamiento y el aplastamiento de varias estructuras metálicas.
Antes de las sirenas, llegó la humanidad
El ensordecedor estruendo del choque y las columnas de humo conmovieron a toda la comarca. Antes de que los servicios oficiales de rescate lograran desplegarse en el paraje toledano, la solidaridad de los habitantes de Urda se anticipó a la tragedia. Decenas de vecinos corrieron a pie hacia las vías del tren cargados con mantas, botellas de agua y herramientas particulares de sus explotaciones agrícolas.
Fueron estos ciudadanos quienes se introdujeron en primera instancia entre el metal retorcido para rescatar a los heridos y evacuar a los primeros supervivientes. Minutos después, un contingente masivo compuesto por la Guardia Civil, el servicio de emergencias 112, bomberos de Castilla-La Mancha y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tomó el control del terreno, centralizando la asistencia en el pabellón polideportivo municipal.
Un año para olvidar en el corredor del sur
La magnitud de la catástrofe ha provocado un auténtico terremoto político e institucional. El siniestro de Urda se suma al trágico accidente acontecido hace apenas diez meses en Adamuz, Córdoba, consolidando un año negro para la alta velocidad en el corredor sur con más de un centenar de víctimas mortales en menos de un año.
A las puertas de arrancar la campaña electoral para los comicios generales del 29 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido públicamente que la confianza de los ciudadanos en las infraestructuras ferroviarias está «quebrada». La oposición en bloque y varios socios parlamentarios de investidura exigen la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente. Por su parte, los sindicatos del sector denuncian que se intente descargar la culpa en un «error humano» para camuflar las graves deficiencias del software de Adif, cuyo sistema LZB acumulaba 170 caídas en lo que va de año.
