La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado que delimite la investigación que dirige contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección 23 han precisado que la investigación del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid deberá dejar fuera el bloque relativo a Globalia y el rescate de Air Europa, por lo que el juez solo podrá continuar indagando en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y en los contratos que se encuentran bajo sospecha.

La Audiencia Provincial ha atendido a la petición de la Fiscalía, que presentó un recurso en el que pedía se concretara el objeto del procedimiento al considerar que el juez estaba dirigiendo una «causa general».

Estaba previsto que la Audiencia Provincial se reuniera el pasado 30 de septiembre, pero ese mismo día los magistrados se dieron cuenta de que les faltaba el recurso de Begoña Gómez, por lo que suspendieron la deliberación. Aunque se esperaba que las discusiones no volvieran a retomarse hasta dentro de «3 o 4 semanas», finalmente han deliberado este lunes tras haber recibido del juzgado el «testimonio completo» del caso.

Además de estudiar el recurso de la Fiscalía, los magistrados también han deliberado sobre el recurso de la defensa de Gómez –ejercida por el ex ministro socialista Antonio Camacho–, que solicitaba archivar el caso al entender que Peinado llevaba a cabo una «investigación universal».

La defensa se basó en el auto donde el juez señaló que indagaba en todo lo que Gómez había hecho desde que su marido era presidente del Gobierno, con el único coto de que esos hechos vinieran recogidos en la denuncia inicial de Manos Limpias y los que son competencia exclusiva de la Fiscalía Europea. Los magistrados han desestimado el recurso.

Cabe recordar que, al margen de lo resuelto por la Audiencia Provincial este lunes, el juez tiene sobre la mesa una nueva querella donde se acusa a la mujer de Sánchez de adueñarse de un ‘software’ desarrollado por la UCM.