101 TV 
Descarga 101Play 
Síguenos en redes 
Autores 
Quiénes somos 
Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado se presentaron este jueves, recién amanecido, en la casa que José Luis Ábalos conserva en Valencia. No los esperaba el exministro, que cumple condena en prisión, sino su pareja, Andrea de la Torre, quien salió del registro detenida.
La joven malagueña, de 28 años, fue conducida a dependencias de la Guardia Civil para prestar declaración. Según La Razón y Vozpópuli, se acogió a su derecho a guardar silencio y se espera que recupere la libertad en las próximas horas. Es la última escena, por ahora, de una historia que ha vivido más tiempo en los platós que en los juzgados.
¿Por qué la han detenido?
La operación responde a una nueva fase del ‘caso Koldo’ ordenada por la Audiencia Nacional. Lo que no ha trascendido es qué papel le asignan los investigadores ni con qué delitos se relaciona su arresto. Las informaciones conocidas apuntan a que el objetivo era tomarle declaración. El registro se desarrolló sin sobresaltos.
¿De dónde es y qué edad tiene?
Fuengirola, 1998. Ahí empieza la biografía de Andrea de la Torre Maeso. Entre ella y Ábalos, que tiene 66 años, median 38. Se conocieron en 2020 y durante años lograron que su relación pasara inadvertida, hasta que el escándalo la sacó a la luz.
Hubo un paréntesis. En 2025, asfixiados por la presión mediática, rompieron. Pero la distancia duró poco: el 27 de noviembre de 2025, el día en que el exministro cruzó las puertas de Soto del Real, fue ella quien se acercó a la prisión madrileña con algunas de sus pertenencias. La periodista Ketty Garat añadió otro capítulo al revelar que, tras abandonar el Gobierno, Ábalos compartió con ella durante dos meses una vivienda que pertenece al dueño de Servinabar.
¿A qué se dedica?
Su terreno es el de los recursos humanos. Estudió gestión administrativa y, más tarde, Derecho. En Logirail, la filial pública de Renfe, llevaba el registro de horarios de la plantilla y organizaba su formación.
Precisamente ese puesto la colocó bajo sospecha. Su nombre figuraba en informes de la UCO y ella decidió defenderse a cámara. En marzo de 2025, en ‘El programa de Ana Rosa’, negó cualquier beneficio económico derivado de la relación. «Soy yo quien paga mis gastos, cosa que siempre voy a poder demostrar. Koldo nunca medió en nada que tenga que ver conmigo. Estoy quedando como una mantenida», se quejó.
«Soy yo quien paga mis gastos, cosa que siempre voy a poder demostrar»
Tampoco aceptó la etiqueta de enchufada. Explicó que entró en Logirail cuando Ábalos ya había sido destituido y que lo hizo por méritos propios: «Del puesto de trabajo me enteré a través de un sindicato. Yo superé una oposición dentro de la propia empresa». Sobre el negocio que puso en marcha, fue tajante: «Me hubiera encantado que me ayudara, pero no le llamaba la atención y no participó de ninguna manera».
Su lealtad a Ábalos
Si algo ha definido su papel público es la fidelidad. Ábalos, que llegó a ser el número tres del PSOE de Pedro Sánchez, fue sentenciado por el Tribunal Supremo en el llamado ‘caso mascarillas’: 24 años y tres meses entre rejas. Cuando se hizo pública la sentencia, ella se aferró a los recursos de la defensa en ‘Código 10’: «No creo que este vaya a ser el resultado final».
En aquella entrevista dejó también su frase más repetida. Admitió vivir «en shock» y describió el golpe sin rodeos: «He llorado varias veces hoy, se me hace como una pesadilla… no termino de asumirlo». Y zanjó: «No le voy a soltar». Semanas después, en ‘Y ahora Sonsoles’, cargó contra la severidad del castigo: «Con 24 años ni permisos ni… es demasiado».
«No le voy a soltar», prometió tras conocerse la condena de 24 años y tres meses impuesta al exministro
Seis detenidos en la operación
Ella no ha sido la única. El operativo de este jueves suma seis detenciones, entre ellas la de Cristian Corvillo en Córdoba. Corvillo fue el conductor de Sánchez en 2017, durante las primarias en las que el hoy presidente se midió con la expresidenta de la Junta Susana Díaz.
Los investigadores han pasado también por las oficinas de Adif Alta Velocidad en busca de documentos sobre contratos bajo sospecha, y han practicado registros en Sevilla, Córdoba y Madrid. Andalucía vuelve así a aparecer en el mapa de una causa que todavía tiene capítulos por escribir.
