La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado providencia en la tarde de este miércoles por la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro del accidente ferroviario de Urda. Dicha prohibición alcanza 2 kilómetros de la vía de Alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuenta con la autorización judicial para permanecer en la zona, según el comunicado del Tribunal Superior de Justicia.

Noticia relacionada Última hora del accidente de tren en Toledo, en directo: víctimas, rescate de atrapados y causas del choque entre un AVE y un Iryo

En la misma providencia, se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. La decisión de la jueza instructora se produce con el fin de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios, explica el comunicado.

Otro de los acuerdos de la jueza instructora durante la tarde ha sido la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, para su posterior análisis.

Noticia relacionada Cómo recuperar el dinero de un billete de tren entre Andalucía y Madrid tras el accidente de Urda

Además, la jueza instructora ha oficiado por una parte a la Policía Judicial para personarse en el centro de control de Atocha, a fin de que se recaben datos relativos a la circulación de trenes en la zona del siniestro, así como informe de la comisión de investigación de ADIF sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente.

Por otro lado, se ha oficiado a la Policía Judicial de Toledo para recabar datos de ADIF relacionados con protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario. Finalmente, se ha dictado Auto por el que se acuerda el secreto de sumario de las actuaciones.