Los sindicatos denuncian una pérdida del 16% en el poder adquisitivo del personal de la Administración General desde 2010

El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía se ha concentrado este martes en el Complejo Administrativo Almanjáyar de Granada, en defensa de sus retribuciones y contra la «minusvaloración» de su poder adquisitivo. La protesta ha sido convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, SAF e ISA, quienes han denunciado una pérdida salarial acumulada del 16% entre 2010 y 2024.

Las organizaciones sindicales han calificado la situación de «insostenible», subrayando que, mientras otros sectores como sanidad, justicia y educación han recibido aumentos salariales acordados con el gobierno andaluz, el personal funcionario de la Administración General sigue sin ver mejoras. Los auxiliares administrativos cobran el salario mínimo, y el resto del personal se sitúa «por debajo de la media» en comparación con otras comunidades autónomas, lo que ha llevado a que las retribuciones de la Administración andaluza sean las más bajas de España.

Revisión salarial congelada desde 2002

Uno de los puntos más críticos mencionados por los sindicatos ha sido la falta de revisión de los complementos específicos desde el año 2002, cuando se aprobó el Decreto 280/2002. En más de 20 años, no ha habido ningún ajuste ni subida retributiva para los funcionarios de este sector, a pesar de que otros colectivos han visto sus salarios mejorados.

Los sindicatos han recordado que solicitaron el pasado 23 de septiembre al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que incluya una partida en los presupuestos de 2025 para abordar la subida de estos complementos. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido respuesta, lo que se suma a las «negativas constantes» del gobierno a tratar este asunto en las mesas sectoriales.

Comparación con los altos cargos

Los sindicatos han criticado que mientras los funcionarios no han visto mejoras en sus sueldos, los altos cargos han experimentado subidas significativas. El pasado diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó un aumento del 18,8% en el salario del presidente Juan Manuel Moreno, y del 15% para otros altos cargos. Además, en agosto de este año, se aprobó otra subida del 1,79% para el presidente y otros miembros del Ejecutivo, en función del IPC.

Los sindicatos han denunciado esta disparidad, afirmando que las subidas para los altos cargos «condenan al ostracismo absoluto» a los funcionarios y exigen que el gobierno atienda de manera urgente sus demandas retributivas.