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El murmullo en la coqueta Plaza Puntal de Vacares descubre que hay revuelo. Los vecinos de la corrala no pueden evitar comentarlo, aunque las sensaciones se palpan contradictorias. Saben que han logrado lo que denominan una «victoria moral» frente al Ayuntamiento de Granada y la promotora que les ha robado la luz del sol, pero no están precisamente de celebración. Miguel, que lleva allí toda la vida, echa un vistazo al horizonte, donde antiguamente su mirada se cruzaba con pequeños huertos. Ahora, hay un bloque de viviendas que prácticamente les deja encerrados. «Sinceramente, no quiero indemnizaciones de ninguna clase. Quiero que los corruptos que han dado las licencias para construir esto sean bien castigados», suspira.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso que los vecinos de la plaza presentaron por la construcción de un edificio justo frente a sus casas y ha anulado la licencia de obras, que fue concedida a la promotora Ventum Spain SL. El motivo son exactamente tres metros y seis centímetros, los que le faltan al estrecho pasillo que separa ambos bloques para entrar en los márgenes que dicta la normativa municipal. Es lo que la asociación vecinal llevaba denunciando desde que se planteó el proyecto para habilitar una edificación de 15 viviendas.
«Nosotros nos preguntábamos qué iban a hacer aquí», recuerda Ana María. Ella es vecina de toda la vida. Literalmente: «Nací en mi mismo dormitorio», apunta. Fue el 15 de diciembre de 2021 cuando el Ayuntamiento de Granada -entonces estaba regido por el socialista Paco Cuenca- autorizó a la promotora para construir el edificio, mientras que los estudios de detalle se desarrollaron entre 2004 y 2020. Ya en 2022 llegaron las obras.
«Hemos sufrido mucho»
Comenzó entonces un calvario para los vecinos, varios de ellos ya mayores -en la corrala viven dos personas de 94 años-. «Vimos cómo empezaron a tirar toda la arboleda, a cortar árboles. Hemos sufrido mucho, mucho. Toda la maquinaria aquí, aspirando polvo y polvo… Hemos pasado mucho. No poder salir, no poder entrar…», rememora.
Empezaron las reclamaciones y denuncias, idas y vuelta a tratar de convencer a Urbanismo de la irregularidad del edificio, esfuerzo en vano. La obra tampoco contaba con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, necesaria por el paso de un arroyo, circunstancia igualmente ignorada. «Decíamos que esto era ilegal y el Ayuntamiento decía que no podía quitar la licencia porque pecaban de prevaricación. Nos dirigieron a la Justicia y hemos ido, porque el Consistorio nos ha abandonado completamente», abunda otra vecina, que prefiere permanecer en el anonimato. Mientras, muestra los efectos que la actuación ha provocado en sus domicilios: grietas, firme desigual…
El edificio se empezó a construir en 2022 sin el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y sin respetar la separación de seis metros que exige la normativa municipal en el barrio
Nada frenó la construcción del edificio, una gran pantalla de hormigón frente a las casas de los vecinos históricos de la plaza y a una anchura insuficiente, pero tampoco hubo quien pudiera contener la lucha de los vecinos. Sus reclamaciones llegaron al TSJA, que el pasado martes dictó una sentencia que les da la razón. La determinación rechaza además los argumentos del Ayuntamiento de Granada, que pretendía justificar el poco espacio mediante una normativa de 1973 ya derogada.
Pero claro, el edificio no solo está terminado, sino que los pisos fueron vendidos y sus propietarios viven allí desde hace tiempo. «Esto, de verdad, es horroroso. No tenían que haber dado lugar el Ayuntamiento ni los políticos a hacer una construcción que era completamente ilegal, porque sabían que lo era. Y luego, el daño que nos han ocasionado a los vecinos, que no podíamos ni entrar ni salir», esgrime Miguel, quien, metro en mano, insiste en que «aquí tenían que haber respetado lo que eran, según la normativa, los seis metros».
La asociación de vecinos ya ha anunciado que exigirá al Ayuntamiento que determine las medidas para corregir la infracción y estudian acciones legales adicionales. «Los que han comprado las viviendas no son culpables de nada. Lo han hecho porque han tenido acceso a ello. Los culpables han sido todos los promotores», se encoge Ana María.
El Ayuntamiento busca una solución
Está por ver qué pasos da el Ayuntamiento de Granada, que todavía puede recurrir la sentencia. El portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra, no obstante, aseguró este viernes entender a los vecinos. «Parece difícil entender cómo la calle se quedó en tres metros. El Consistorio ha intentado defender sus argumentos. Como equipo de gobierno quiero decir que comprendemos a esos vecinos que se han quedado atrapados en una calle que, a simple vista, parece ilógico que haya tres metros», expuso.
«Estamos trabajando, desde el área de Urbanismo, para encontrar una solución, que ya avanzo que no hay una buena. La verdad es que es muy difícil porque el edificio está hecho y habitado», abundó, sin esconder que el asunto «tiene mala pinta». No obstante, sí quiso remarcar que se trata de un problema «absolutamente ajeno a este equipo de gobierno». «Sin ser arquitecto, técnicos y urbanistas, a simple vista, el sentido común te dicta que tres metros de calle no es lo normal», apostilló Saavedra. Entretanto, los vecinos aguardan. Miguel, bastón en mano, se retira a casa, no sin antes girarse de nuevo. No ve el sol, sino un bloque grisáceo.
