La Guardia Civil está investigando a la dueña y al encargado de una nave por adulterar productos cárnicos con agua oxigenada industrial en el municipio malagueño de Benaoján. Durante la operación, llevada a cabo junto a efectivos del Seprona, se intervinieron un total de 30 toneladas de productos cárnicos tras detectarse un tratamiento prohibido y graves deficiencias higiénicas.

La operación, denominada «Redox», mantiene abierta una investigación sobre estas dos personas por utilizar peróxido de hidrógeno de alta concentración para blanquear la carne. Además, los implicados habrían engañado en la compra de 45 toneladas de este producto químico.

La investigación se inició en diciembre de 2025, a raíz de una inspección en una nave que operaba de manera clandestina, sin las licencias requeridas. Las instalaciones estaban situadas junto a otra nave que sí contaba con autorización oficial. Según la investigación, ambas se utilizaban estratégicamente para desviar la producción y enmascarar la mercancía adulterada.

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Durante la inspección del inmueble, se detectaron graves deficiencias de salubridad. Se halló carne almacenada sin refrigeración y productos depositados en el suelo, entre fluidos y suciedad.

Sumergían huesos y espinazos de cerdo en peróxido de hiidrógeno

Los análisis técnicos determinaron que los investigados sumergían huesos y espinazos de cerdo en soluciones de peróxido de hidrógeno al 50 %, un producto de uso industrial cuya aplicación en este ámbito está expresamente prohibida. Según los especialistas, la ingesta de esta sustancia supone un elevado riesgo de sufrir quemaduras graves y daños corrosivos en el tracto digestivo.

El rastreo del producto químico reveló que la titular de la explotación llegó a adquirir 45.830 kilogramos de esta sustancia entre febrero de 2025 y junio de 2026.

Amenaza contra la salud pública

Como respuesta a esta amenaza para la salud pública, la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga decretó el cierre inmediato de las instalaciones y ordenó la intervención y destrucción de un total de 30.530 kilogramos de carne y huesos contaminados.

Tanto la dueña de la empresa como el encargado de la planta están siendo investigados como presuntos autores de delitos contra la salud pública y falsedad en documento privado. Las diligencias instruidas han quedado en manos de los Servicios Generales de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda.