La Audiencia Provincial de Málaga juzga desde este lunes a 48 personas acusadas de formar parte, presuntamente, de una organización criminal dedicada al tráfico de hachís desde Marruecos hasta España. La red, vinculada a la provincia malagueña, habría utilizado diferentes métodos para introducir la droga en el país, entre ellos embarcaciones de recreo, lanchas semirrígidas de alta velocidad y vehículos preparados con sofisticados dobles fondos.

Entre nueve y 18 años de cárcel

El procedimiento, que se prolongará durante buena parte de noviembre y algunos días de diciembre, se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga. Los acusados se enfrentan a diferentes penas en función de su supuesta participación en la actividad delictiva. La Fiscalía solicita condenas que van desde los nueve años hasta los 18 años y medio de prisión.

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la investigación fue desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga. Las pesquisas permitieron identificar una supuesta estructura criminal que contaba con una importante capacidad económica y un elevado grado de especialización.

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Así funcionaba la organización

La organización estaría dirigida por dos hombres, uno de los cuales se encuentra declarado en rebeldía dentro de esta causa. Por debajo de ellos se situaban otros dos integrantes que desempeñaban funciones de responsabilidad intermedia y se encargaban principalmente de coordinar la logística. El resto de los acusados realizaban tareas logísticas. 

Uno de los principales métodos que habría empleado la organización era el transporte marítimo de droga. Para ello, según el escrito de acusación, disponían de cuatro embarcaciones de recreo y otras cinco semirrígidas de alta velocidad. El transporte marítimo no era la única vía utilizada. La investigación también detectó un sistema para introducir y trasladar hachís mediante vehículos modificados para ocultar la mercancía.

Los delitos que se les acusan

Los 48 procesados están acusados de distintos delitos relacionados con el tráfico de drogas, el contrabando y la tenencia ilícita de armas. En concreto, la Fiscalía contempla delitos contra la salud pública por tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud, en cantidades de notoria importancia y con circunstancias de extrema gravedad por el empleo de embarcaciones.