Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Málaga, se enfrenta a una situación que, según denuncia, podría hacerle perder la propiedad de su vivienda sin haber decidido venderla. El afectado ha recibido varios burofaxes y una notificación notarial en la que se le informaba de una operación inmobiliaria que asegura desconocer por completo. «Mi vivienda nunca ha estado en venta ni tengo intención de venderla», explica. Ahora, su abogado trabaja para intentar frenar el procedimiento por vía judicial.

El caso se remonta a la semana pasada, cuando recibió en su domicilio la visita de una persona que se identificó como notario y le entregó una notificación. En ella se le convocaba para el próximo 21 de octubre con el objetivo de culminar una operación relacionada con su vivienda. Según relata, el documento advertía de que la transacción podría ejecutarse incluso si no acudía a la notaría con la documentación requerida. También se mencionaba el ingreso de 80.000 euros en una cuenta bancaria a la que afirma no tener acceso y en la que afirma no haber recibido cantidad alguna.

Una opción de compra que desconoce

En un primer momento, el docente pensó que podía tratarse de un error. Sin embargo, la recepción de nuevas comunicaciones le hizo sospechar que se encontraba ante una situación más grave. El afectado resume así lo ocurrido: «Yo recibí un burofax en casa de unos desconocidos que me decían que tenían una opción de compra sobre mi vivienda». La situación cambió cuando recibió una segunda comunicación y, posteriormente, la notificación notarial, momento en el que decidió acudir a la Policía para denunciar los hechos.

El licenciado garantiza que la opción de compra ya figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga, lo que aumenta su preocupación ante la posibilidad de que la operación llegue a completarse. «Dos desconocidos se quedaban con la propiedad de mi vivienda», afirma al describir cómo interpretó el alcance de las notificaciones recibidas.

El posible origen de todo

El afectado sitúa el posible origen del problema en 2025, cuando su hijo buscaba una vivienda de alquiler en Madrid. Durante esa búsqueda, contactó a través de WhatsApp con una persona que ofrecía un piso con condiciones que parecían favorables. El supuesto arrendador solicitó un avalista, papel que asumió Francisco. 

El profesor recuerda cómo se produjo aquella entrega de documentación: «Le envié las copias del DNI, de la última nómina, de la declaración de IRPF y, una vez que el supuesto casero tuvo la información, desapareció del mapa. En aquel momento, era consciente de haber compartido datos sensibles, pero no imaginaba que pudieran utilizarse para una operación de estas características». Ahora sospecha que esa documentación pudo servir para suplantar su identidad.

Su abogado solicita medidas

Ante la posibilidad de que la operación se complete, el docente ha recurrido a un abogado que trabaja para solicitar medidas cautelares ante la autoridad judicial. El objetivo es conseguir que se paralice cualquier actuación que pueda comprometer la propiedad del inmueble mientras se investigan los hechos.

El afectado teme que, si la operación llega a ejecutarse antes de que se adopten medidas, las consecuencias sean difíciles de revertir. Por ello, afirma haber presentado una primera denuncia y haberla ampliado después de conocer que la opción de compra estaba inscrita en el Registro de la Propiedad. Francisco explica que la prioridad es conseguir que la Justicia intervenga antes de que se cumpla la fecha prevista para culminar la operación. 

Mientras su abogado trabaja para intentar paralizar la operación, reconoce que la incertidumbre continúa afectándole. Aunque asegura sentirse más respaldado desde que cuenta con asistencia jurídica, admite que la preocupación sigue presente: «Por muy optimista que yo quiera ser, la preocupación la tengo ahí y es imposible quitarte de la cabeza».