El Consorcio del Palacio de Congresos de Granada ha rescindido el contrato que delega su gestión en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que conforman Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y el Grupo RCK, compañía esta última del empresario José Luis Romero. El consejo rector ha aprobado este miércoles en reunión la resolución del vínculo entre las entidades, que será efectivo no más tarde del próximo 31 de diciembre. En paralelo, aborda ya la búsqueda de otra concesionaria para la explotación de la infraestructura a partir de 2027.

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El contrato, denominado ‘Concesión para la gestión y explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada’, ha sido extinguido, según argumenta el consorcio, por «los incumplimientos contractuales reiterados detectados a lo largo de la vigencia del contrato, que han sido debidamente documentados y sometidos a valoración jurídica», recoge un comunicado oficial del consejo rector. «El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado favorablemente, avalando así la solidez jurídica de la decisión, tomada con el asesoramiento del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía», abunda el Consorcio, adscrito precisamente al órgano de gobierno autonómico.

Precisamente, es para «garantizar la seguridad jurídica y la continuidad del funcionamiento del servicio» por lo que el consejo rector ha fijado en el próximo 31 de diciembre la fecha límite para que la resolución del mismo sea efectiva. De este modo, también, permite que se continúen desarrollando las actividades previstas en la instalación. El Consorcio, como precisa en el comunicado remitido, evalúa ya las diferentes opciones disponibles para la gestión y explotación del Palacio de Congresos, a fin de que continúe siendo «referente en la organización de eventos de primer nivel».

Tres lustros de gestión

La ruptura del contrato con la UTE pone fin a tres lustros de gestión por parte de la concesionaria. Fue en diciembre de 2011 cuando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada aprobaron la cesión del Palacio de Congresos a la UTE formada por FCC y el empresario José Luis Romero, cuya compañía, RCK, está especializada en la organización de ferias y eventos. La asignación recibió el visto bueno de la junta general del Consorcio en unanimidad.

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El contrato contemplaba una duración de 25 años -se habría extendido hasta 2036- y un ingreso anual en el consorcio de 50.000 euros. A cambio, la UTE debía comprometerse a acometer una serie de reformas e intervenciones en un plazo de seis años, con una inversión cifrada de 3,4 millones de euros, además de mantener todos los puestos de trabajo existentes entonces.

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