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La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 232 muertos el 29 de octubre de 2024, principalmente en la provincia de Valencia, ha citado por segunda vez al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que será interrogado de nuevo el próximo día 21 de septiembre. En la sesión se ha convocado también al imputado Emilio Argüeso, el entonces secretario autonómico de Emergencias.
Mazón ya acudió a Congreso el pasado 17 de noviembre, pero el PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la mesa de la comisión de investigación, consideran necesario volver a interrogarle sobre su responsabilidad en la gestión de la catástrofe.
En el interrogatorio, quieren preguntar a Mazón, entre otros asuntos, por los mensajes que intercambiaron el día de la tragedia en el grupo de whastapp que tenía con los miembros de su gobierno. Según los mensajes aportados a la causa por la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, a primera hora de la mañana, Mazón intervino para animar a sus consellerse a «inundar de datos a los medios hoy», porque, a su juicio eso desprendía una »sensación de estar alerta que te cagas«.
La secuencia de mensajes refleja que la actividad del grupo se centró inicialmente en la comunicación pública, pero fue perdiendo intensidad a medida que la situación se agravaba hasta prácticamente desaparecer durante las horas decisivas de la emergencia.
El expresidente valenciano sigue siendo aforado porque mantiene su escaño en las Cortes Valencianas, pero el pasado 1 de septiembre su defensa pidió a la jueza de Catarroja que instruye la causa que concretara si existe abierta alguna línea de investigación o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción suya y, para el supuesto de no existir, que se haga constar expresamente esa situación.
Escrito de Mazón a la jueza
Mazón alegaba en su escrito a la jueza que no consta en la causa prueba de que impartiera instrucciones para el ES-Alert ni orden de paralizar los envíos y analizaba 42 de los fallecimientos para sostener que no hay acreditado un «nexo causal individualizado» entre una acción positiva suya y ninguna de esas muertes, algunas con posterioridad a las 20.11 horas, cuando se realizó el aviso a la población.
La magistrada le contestó que había dirigido su «extensa solicitud de sobreseimiento» a un órgano que no es competente para adoptar esta decisión, dada su condición de aforado. También le recordó que no está investigado, que «puede apartarse» de la causa si lo considera, y que su «tesis exculpatoria» se convierte en «inculpatoria» para la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas, imputada en la causa.
«No es solo que no se enviara ningún mensaje Es-Alert hasta las 20.11 h, retrasado con disquisiciones jurídicas absurdas sobre el confinamiento, por no decir de las lingüísticas, sino que previamente, de forma incomprensible, no se utilizaron otros medios de aviso a la población, absolutamente ajena a los riesgos, especialmente en las zonas donde no llovía», manifiesta la jueza en su auto.
