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El Gobierno de coalición ha cerrado las negociaciones para sacar adelante su nuevo gran paquete legislativo en materia habitacional. PSOE y Sumar han pactado un nuevo Real Decreto Ley de Vivienda que se aprobará el próximo martes en el último Consejo de Ministros, justo antes del parón estival. La medida estrella del pacto es una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento que pretende dar estabilidad al mercado frente a la escalada de precios.
Prórroga extraordinaria para 1,5 millones de hogares
Según los cálculos del Ministerio de Vivienda y de la formación de Yolanda Díaz, esta medida traerá los siguientes beneficios:
- Ayudará a casi cuatro millones de personas -1,5 millones de hogares-.
- Cubrirá todo el periodo comprendido entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028.
- Amplía en casi un millón de personas el umbral de potenciales beneficiarios respecto a propuestas anteriores.
Además de mantener congeladas las rentas para quienes se acojan a esta prolongación, el borrador exige que todos los contratos se formalicen obligatoriamente por escrito y fija bonificaciones en el IRPF para los propietarios que dedican voluntariamente rebajar el precio del alquiler.
‹Hachazo› a los pisos turísticos
Se pondrá freno por primera vez a los alquileres de temporada y por habitaciones, vías que muchos arrendadores venían utilizando para esquivar los topes fijados por la Ley de Vivienda. Además, se elevará el IVA de los pisos turísticos hasta el tipo general del 21% y se endurecerá el régimen sancionador para impedir la publicidad ilegal de este tipo de inmuebles en plataformas digitales.
El pilar fundamental es la posibilidad de ampliar aquellos contratos de alquiler que venzan hasta el 30 de junio de 2028
A propuesta de Sumar, el decreto incluirá compromisos de protección para familias en situación de vulnerabilidad económica, exigiendo que se garantice una alternativa habitacional antes de ejecutar cualquier procedimiento de desahucio.
Junts y PNV tienen la última palabra
Este movimiento político responde a un grito ciudadano que no cesa. Según los datos del último barómetro del CIS, la vivienda se ha consolidado como el principal problema de España para el 43% de los ciudadanos tras sufrir un repunte de tres puntos en tan solo un mes.
Para que las medidas se consoliden definitivamente, deberán recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados. Junts ya ha mostrado su rechazo en reiteradas ocasiones a la intervención del mercado inmobiliario impulsado por el ejecutivo. PNV sigue desconfiando en términos fiscales. El Gobierno declara confiar en que la presión social obligue a sus socios habituales a convalidar la norma a la vuelta de las vacaciones.
