101 TV 
Descarga 101Play 
Síguenos en redes 
Autores 
Quiénes somos 
El sindicato ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT) ha salido en defensa de la plantilla del Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif en Atocha, cuya actuación ha quedado en el centro del debate después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, la cuestionara tras el accidente de Urda (Toledo). La organización reclama una investigación rigurosa y avisa de que buscar culpables cuando todavía no se conocen las causas del choque, que ha costado la vida a 69 personas por ahora, resulta prematuro.
En un comunicado, la central traslada en primer término su apoyo a las víctimas y a sus familias. Acto seguido, sostiene que una tragedia de semejantes dimensiones «difícilmente puede explicarse analizando únicamente el último eslabón de una cadena».
Para CGT, es «inaceptable» que la decisión concreta de un empleado se presente como la explicación del siniestro antes de que la investigación haya reconstruido todo lo ocurrido y qué datos tenía cada interviniente en cada instante.
Un siniestro así «difícilmente puede explicarse analizando únicamente el último eslabón de una cadena», sostiene CGT
La versión del ministro
El accidente se produjo el 28 de octubre en el término municipal de Los Yébenes, muy cerca de Urda, cuando un AVE de Renfe alcanzó a un convoy de Iryo que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla. Según el relato del propio Puente, hacia las 8.30 horas falló el sistema de seguridad LZB de la estación de Urda, lo que detuvo de forma automática la circulación en un tramo de unos 63 kilómetros.
En su comparecencia de ese mismo día, el ministro habló de «un accidente verdaderamente inverosímil» y tildó de «inexplicable» que desde el centro de control se permitiera retomar la marcha con el sistema de seguridad inoperativo y un tren parado en Urda. Fue entonces cuando apuntó a la hipótesis de un «error humano».
Mirada a todo el sistema
Frente a ese enfoque, el sindicato pide examinar el funcionamiento ferroviario en su conjunto. A su juicio, la investigación debe valorar la formación del personal, el estado del mantenimiento, los recursos con los que se trabaja, el tamaño de las plantillas y la presión psicológica que acumulan quienes ocupan puestos tan delicados como los de los CRC.
La organización recuerda, además, que ya en mayo propuso reformar el Real Decreto 929/2020. Su planteamiento pasaba por limitar el tiempo de trabajo ininterrumpido en el control de la circulación, asegurar descansos reales y regular con más detalle el trabajo nocturno y la gestión de incidencias en las que el sistema opera en condiciones degradadas.
CGT propuso en mayo limitar el tiempo continuado en el control del tráfico y garantizar pausas efectivas
Polémica por los audios
El otro frente abierto son las grabaciones. La misma noche del accidente salieron a la luz las conversaciones entre el CRC y los maquinistas implicados, en las que se escucha cómo se ordena al conductor del AVE 2080 reiniciar el LZB y reanudar la marcha. Algunos medios, como The Objective, sostienen que lo difundido no recoge todas las comunicaciones previas al choque.
CGT reprueba la divulgación de esos registros. Considera que hacer públicas «comunicaciones parciales e interesadas» somete a los trabajadores a un veredicto social apresurado, sin que la investigación oficial haya concluido.
Por ello, pide a Adif que actúe para «proteger a su personal» y que averigüe quién ha filtrado las grabaciones. El sindicato subraya que, tras el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) del pasado enero, ya reclamó medidas para custodiar los registros y garantizar su trazabilidad, una petición que, según denuncia, sigue sin contestar.
El sindicato pide a Adif «proteger a su personal» y averiguar quién ha filtrado las grabaciones del CRC
La conexión con Andalucía
El siniestro mantiene cortada la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Renfe ha habilitado servicios especiales para enlazar Madrid, Ciudad Real y Puertollano mientras continúan los trabajos en la zona.
La investigación judicial está en manos del juzgado de Orgaz, que asumió el caso el mismo día del accidente. En paralelo, la presión política sobre Puente no deja de crecer: CSIF ha pedido su dimisión por considerar que señaló al responsable de circulación, mientras que el ministro, que ha descartado renunciar, ofrece este viernes una rueda de prensa y comparecerá el martes 3 de noviembre, a las 17.00 horas, ante la Diputación Permanente del Congreso.
