Los costes ocultos de la regularización

La regularización extraordinaria de personas extranjeras está dejando una primera conclusión positiva: cuando existe foco, prioridad y recursos, la Administración puede ser más ágil de lo que muchas veces asumimos. En nuestra experiencia reciente, hemos visto autorizaciones para trabajar concedidas en plazos de entre cuatro y seis semanas, muy por debajo de los tiempos habituales de muchos procedimientos de extranjería.

Esta es una buena noticia. Para las personas que esperaban poder trabajar legalmente, para las empresas que necesitan cubrir vacantes y para un sistema que demasiadas veces se asocia a lentitud, incertidumbre y bloqueo administrativo.

Pero la regularización también está dejando una segunda conclusión, bastante más incómoda: al sacar a la luz relaciones laborales que ya existían, también afloran los costes que hasta ahora permanecían ocultos.

Durante años, una parte de nuestra economía ha convivido con una realidad difícil de admitir. Personas extranjeras que ya estaban en España, que ya cuidaban, limpiaban, repartían, servían mesas o trabajaban en obras, pero que lo hacían fuera del circuito formal o en condiciones muy precarias porque su situación administrativa no les permitía acceder plenamente al mercado laboral.

La regularización no crea ese problema. Lo hace visible.

Cuando una persona obtiene autorización para trabajar, puede exigir contrato, alta, cotización y condiciones laborales normalizadas. Eso es positivo y necesario. Formalizar empleo significa derechos para el trabajador, seguridad jurídica para quien contrata, mayor cotización y menor economía sumergida. Pero también obliga a responder una pregunta que España lleva demasiado tiempo evitando: ¿quién paga realmente todo esto?

El empleo doméstico es probablemente el ejemplo más claro. Muchas familias dependen de trabajadoras extranjeras para cuidar a niños, mayores o personas dependientes. Pero no estamos hablando de familias acomodadas. Hablamos de hogares donde ambos progenitores trabajan jornadas largas, de 9 a 19, donde una parte muy significativa de los ingresos —en muchos casos un tercio o más— se destina a pagar alquiler o hipoteca tras años de subidas. Hablamos de familias que dependen de guarderías que no siempre funcionan como deberían, que han estado en huelga y que no cubren todas las necesidades reales de conciliación.

Cuando esa relación laboral se formaliza correctamente, el incremento de coste puede situarse entre 300 y 500 euros al mes. Para muchas de estas familias, simplemente no hay margen.

Y aquí es donde aparece la incoherencia colectiva.

Queremos más derechos laborales, más cotización, más protección social. Queremos un Estado del bienestar fuerte. Pero no queremos asumir el coste real de sostenerlo. Preferimos mirar hacia otro lado mientras el sistema se apoya en equilibrios frágiles: empleo informal, salarios bajos o situaciones de vulnerabilidad.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿pagaríamos una cerveza a 8 euros? Porque probablemente ese sea el precio real de muchos servicios si incorporamos todos los costes laborales, fiscales y regulatorios que exige el modelo que decimos defender.

Para una empresa, un aumento de costes puede compensarse con productividad, eficiencia o precios. Pero aquí aparece otro problema estructural: el 94% del tejido empresarial español son microempresas. ¿Son más productivas de repente? No. Mejorar el ingreso por empleado es extremadamente difícil, y ese ratio lleva años estancado. No basta con exigir más formalidad si no se generan las condiciones para sostenerla.

Esto no es una defensa de la economía sumergida. Al contrario. La informalidad perjudica especialmente al trabajador más vulnerable. Pero si no entendemos por qué existe, seguiremos combatiéndola sin resolverla.

Algo parecido ocurre en sectores como la hostelería, la construcción, la limpieza o la logística de última milla. Son actividades donde muchas empresas y autónomos operan con márgenes muy reducidos, fuerte competencia en precios y una enorme dependencia del trabajo presencial. Durante años, parte de su viabilidad ha descansado en costes laborales que no siempre estaban plenamente formalizados.

Cuando esos costes afloran, el sistema se tensiona. Y lo vemos cada verano. En destinos como Málaga o Baleares reaparece el fenómeno de las «camas calientes»: trabajadores que comparten vivienda en condiciones precarias porque el coste de vida hace inviable aceptar determinados empleos. Muchos puestos quedan vacantes porque, simplemente, no salen las cuentas entre esfuerzo, ingreso y capacidad de ahorro.

¿Quién acaba ocupando esos trabajos? En muchos casos, personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, con menos alternativas y menor capacidad de negociación.

¿Es esta la economía que queremos?

Ahí está el problema de fondo. De norte a sur, de este a oeste, incluyendo las islas, nuestro modelo económico presenta una contradicción evidente: aspiramos a más derechos, más protección y más formalidad, pero seguimos funcionando con estructuras que no soportan ese coste sin ajustes profundos.

La regularización extraordinaria es una oportunidad, pero también un espejo. Puede aflorar empleo sumergido, pero también existe el riesgo de que parte de esa informalidad simplemente se desplace hacia otras personas que aún no están dentro del sistema. Si una familia o un pequeño negocio no puede asumir el coste de una persona regularizada, buscará otra alternativa. Y entonces no habremos resuelto nada.

Por eso el debate no puede quedarse en si se conceden más o menos permisos, ni en si la Administración tarda cuatro semanas o tres meses. La conversación real es otra: cómo hacemos viable el empleo formal en una economía con baja productividad, empresas pequeñas, hogares tensionados y sectores que compiten casi exclusivamente en precio.

Formalizar tiene coste, pero no formalizar también. Lo paga el trabajador sin derechos, lo paga el Estado que deja de recaudar, lo paga la empresa que compite legalmente frente a quien no lo hace y lo paga una sociedad que normaliza que determinados servicios solo sean accesibles porque alguien está en una situación de vulnerabilidad.

La regularización era necesaria. Pero su mayor aportación quizá no sea solo administrativa o migratoria. Su verdadero valor es obligarnos a ser coherentes.

No podemos seguir diciendo una cosa y haciendo otra. No podemos exigir más derechos sin aceptar su coste. No podemos defender un modelo de bienestar que, en la práctica, no estamos dispuestos a financiar.

¿Hasta cuándo vamos a sostener esta incoherencia?

Si queremos menos economía sumergida, más cotizaciones y más derechos, tendremos que asumirlo con todas sus consecuencias. Porque el empleo formal no solo debe ser obligatorio. También debe ser viable. Y, sobre todo, debe ser coherente con lo que decimos que queremos como sociedad.

Guillermo J. Valderrábano, fundador de ExtranjeriaClara.com.