Un hombre de 53 años ha sido detenido en el municipio granadino de Cogollos Vega por presuntamente extraer agua de un pozo ilegal durante casi veinte años para el riego de olivos. La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), pertenecientes al Área de Medio Ambiente en Granada ha detenido a este hombre por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, un delito contra la ordenación del territorio y otro de defraudación de fluido eléctrico. 

La intervención policial comenzó tras detectarse una captación de agua subterránea, un pozo, en el paraje ‘Guindalera’ del término municipal de Cogollos Vega. Tras realizar las oportunas comprobaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se constató que la instalación carecía de las preceptivas autorizaciones administrativas.

Durante las inspecciones técnicas, realizadas en colaboración con inspectores y técnicos de la empresa distribuidora de energía eléctrica, se comprobó que el pozo funcionaba mediante una bomba sumergible conectada a un cuadro eléctrico cuyo contador había sido manipulado y puenteado para no registrar el consumo energético.

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Esta investigación permitió constatar que el agua extraída sin autorización era impulsada a través de una red de tuberías subterráneas de unos 2.445 metros de longitud. Esta conducción discurría por el dominio público hidráulico (Arroyo de las Casillas) y por diversos caminos públicos del Ayuntamiento de Cogollos Vega, careciendo en todos los casos de licencias de obras o permisos municipales.

El destino final del agua era una balsa de almacenamiento sin autorización ni licencia de obra situada en el paraje ‘Mojaiba’, con una capacidad estimada de 6.360 metros cúbicos de agua. Esta infraestructura permitía el riego sistemático de unas 16 parcelas con más de 4.500 olivos catalogados como cultivos de secano, actividad que se habría venido realizando presuntamente de forma continuada durante los últimos 19 años.

También se detectaron movimientos de tierras y trabajos de roturación con maquinaria pesada que podrían haber afectado a vegetación forestal en parcelas colindantes, así como el encauzamiento no autorizado de un manantial natural.

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La extracción continuada e incontrolada de recursos hídricos subterráneos durante casi dos décadas puede haber causado «una severa alteración en los acuíferos y fuentes de la zona, provocando el desecamiento de arroyos y manantiales locales, con la consiguiente afección a la flora y fauna del ecosistema».

Las diligencias tramitadas por la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía han sido remitidas al juzgado, así como a los organismos competentes públicos a efectos de la determinación de las responsabilidades administrativas y la valoración de los daños causados.