La Central Sindical Independiente y deFuncionarios (CSIF) se movilizó el pasado 29 de abril en el puerto de Caleta de Vélez-Málaga para rechazar la posible privatización de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y denunciar las condiciones laborales de su plantilla. La protesta forma parte de un calendario de movilizaciones indicado en febrero en toda Andalucía, a la que le siguió otra en Estepona el jueves 30 de abril.

El sindicato denuncia la privatización de la gestión portuaria

El sindicato señala directamente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a la que acusa de impulsar una mayor participación privada en la gestión portuaria. Según el juicio del sindicato, esta acción agravaría la precariedad existente. En la provincia de Málaga, la plantilla ronda los 30 trabajadores, entre Vélez-Málaga y Estepona, dentro de un total de más de 240 personas en toda Andalucía.

CSIF reclama mejores condiciones laborales y la renovación del convenio

Entre las principales denuncias, CSIF destaca un déficit estructural de plantilla cercano al 30% durante todo el año, una situación que provoca sobrecarga laboral y afecta directamente a la salud de los trabajadores. A esto se suma un convenio colectivo que lleva más de dos décadas sin actualizarse, lo que el sindicato considera un reflejo del abandono institucional.

La organización también reclama mejoras urgentes como la negociación de un nuevo convenio, la implantación de un Plan de Igualdad, subidas salariales y el reconocimiento de pluses, así como el desarrollo de una carrera profesional. Además, denuncia cambios constantes en turnos y condiciones laborales impuestos sin negociación previa.

Otro de los focos de crítica es la inestabilidad laboral, especialmente entre el personal fijo discontinuo y eventual, que encadena contratos de entre tres y siete meses durante años, dificultando la consolidación de empleo estable y afectando a la calidad del servicio.

CSIF advierte igualmente de riesgos en el entorno de trabajo, señalando la falta de protocolos claros, formación específica y medios de protección adecuados para la Policía Portuaria y el resto del personal, lo que incrementa la exposición a situaciones peligrosas.

Ante este escenario, el sindicato exige a la Junta de Andalucía que descarte cualquier proceso de privatización de la APPA, abra una negociación real con los representantes de los trabajadores y adopte medidas urgentes para reforzar la plantilla, mejorar las condiciones laborales y garantizar un servicio portuario público, seguro y de calidad en la comunidad autónoma.