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El expresidente de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial, Manuel Gutiérrez Luna, detalla los aspectos prácticos de la cooperación penal basándose en los recientes protocolos publicados en el BOE solo tres días después de la entrada en vigor del acuerdo provisional.
«Mil y pico de folios del acuerdo principal y luego está llegando el desarrollo. Ya se han publicado acuerdos sobre persecución de delitos graves, medio ambiente, seguridad social, tránsito de determinadas mercancías y personas, cooperación judicial… Quedan temas concretos que en el día a día afectan sobre todo a los campogibraltareños, por ejemplo en derecho civil y de familia, que tendrán que llegar», expone Gutiérrez Luna.
La entrada en vigor del Tratado sobre Gibraltar y la publicación oficial del Acuerdo Administrativo en materia de persecución transfronteriza marcan un giro operativo en la lucha contra la delincuencia y las redes de contrabando en el Estrecho. Los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil cuentan ya con un marco regulado para adentrarse en territorio gibraltareño tras el rastro de sospechosos de delitos graves flagrantes o presos evadidos, según analiza el magistrado.
La identificación del agente es primordial, comenta Gutiérrez Luna: «Los agentes españoles que se adentren en la colonia británica deberán circular obligatoriamente uniformados, provistos de brazaletes identificativos y en vehículos oficiales, quedando prohibida la indumentaria civil en coches camuflados». Añade que, aunque el texto legal les autoriza a portar su arma reglamentaria, limita de forma estricta su uso a supuestos de legítima defensa.
Una vez que las fuerzas de seguridad intercepten al evadido en suelo del Peñón, el convenio estipula que los agentes tienen derecho a registrarlo por seguridad y retenerlo temporalmente, pero «deberán entregarlo sin demora a las autoridades de Gibraltar o viceversa si la persecución es hacia territorio español desde Gibraltar», puntualiza el exmagistrado, detallando los motivos del arresto.
Para que la coordinación sea inmediata, el texto legal decreta la apertura de una frecuencia de radio cifrada de uso exclusivo entre ambas jefaturas.
Fin a las lagunas legales del pasado con las narcolanchas
«El derecho no puede ocultar un problema que existe», recalca Gutiérrez Luna al evaluar el impacto a pie de calle de este avance. El magistrado evoca un caso de su propio historial penal que ilustra las carencias del pasado: «En el año 2015, la Guardia Civil persiguió una lancha con 600 kilos de hachís hasta aguas de Gibraltar. Los agentes entraron en la zona y recuperaron los fardos, pero legalmente no se podía juzgar a nadie en ese momento».
Aquel operativo concluyó con la entrega de la embarcación por parte de las autoridades de la colonia, pero sin procesados iniciales.
El magistrado recuerda que en aquel momento, y tras entablar conversaciones con los responsables políticos de la colonia y en el despacho del ministro principal de Gibraltar con Michael Llamas —hoy fiscal general en Gibraltar—, se abrió una línea de colaboración inédita. «Gibraltar terminó informando de la identidad de las personas que arrojaron la droga, los agentes gibraltareños vinieron a Algeciras a declarar como testigos y los terminé condenando. Lo que entonces se gestionó de forma excepcional, hoy ya consta por escrito y regulado en los textos oficiales», desgrana el juez.
Calendario de revisión y cooperación civil
El protocolo acordado entre España y el Reino Unido fija un canal estricto para las entregas judiciales. El arrestado pasará a disposición de la autoridad judicial del territorio donde se ejecute la retención. En esa primera comparecencia se le preguntará formalmente si consiente su extradición voluntaria. Si el investigado se niega, se iniciará un trámite de extradición formal que las autoridades locales deberán resolver en un plazo máximo de 60 días. El juicio definitivo se celebrará siempre en los tribunales del lugar donde se cometió el delito original.
La cooperación judicial penal se focalizará prioritariamente en la persecución del tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y las tramas de corrupción. «Hay un listado expreso para delitos graves», puntualiza Gutiérrez Luna, destacando los relacionados con el narcotráfico o el blanqueo de capitales, siempre que se produzcan durante una «persecución en caliente» o durante la comisión de un «delito flagrante».
Los magistrados y fiscales de enlace de ambos países serán las figuras encargadas de acelerar la tramitación de las comisiones rogatorias. Este cauce directo agilizará la toma de declaraciones de testigos, las citaciones y, de forma prioritaria, el rastreo e intervención exprés de cuentas bancarias sospechosas en entidades financieras del otro lado de la Verja.
Gutiérrez Luna confirma que los cuerpos de seguridad ya disponen de agentes formados de manera específica para la ejecución de estos operativos penales en supuestos de delincuencia flagrante. Asimismo, el desarrollo técnico del tratado contempla la celebración de reuniones de control e intercambio de información entre las cúpulas policiales con una periodicidad mínima de tres meses.
Aunque el magistrado califica el pacto como un avance fundamental para la seguridad del Estrecho, advierte que la futura revisión obligatoria fijada para el año 2030 debería ser el escenario para ampliar horizontes hacia el ámbito del derecho civil. «Hay multitud de personas casadas de ambos lados de la frontera. Si se produce un divorcio o una separación con hijos de por medio, los residentes se topan con un vacío burocrático muy complejo. Sería muy positivo prever un mecanismo rápido de resolución civil compartida para facilitar la convivencia diaria en el Campo de Gibraltar», concluye.
El engranaje legal ya está en marcha
Tres días después de la entrada en vigor del acuerdo provisional entre la Unión Europea y el Reino Unido, el BOE ha blindado el armazón técnico con seis protocolos específicos. Estos textos regulan desde el control de fronteras Schengen y la persecución transfronteriza, hasta las aduanas, el medio ambiente, la movilidad y la Seguridad Social.
Un complejo entramado legal cuya aplicación sobre el terreno tendrá acento campogibraltareño: el sanroqueño Borja Jiménez ha sido nombrado Magistrado de Enlace de España ante el Reino Unido, convirtiéndose en la figura clave para engrasar esta nueva era de cooperación judicial en el Estrecho.
