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La Policía Nacional ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza a un hombre de 40 años detenido en Melilla como presunto autor de una trama de explotación sexual de menores a través de internet. La investigación ha revelado que el material audiovisual obtenido de al menos una de sus víctimas terminó circulando por redes de explotación infantil en once países —Alemania, Francia, Suiza, Portugal, Eslovenia, Canadá, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil—, además de España.
Al arrestado se le atribuyen tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años cometidos por vías telemáticas, once delitos de ciberacoso a menores (child grooming), corrupción de menores, tenencia y distribución de pornografía infantil y varios delitos contra la intimidad por grabar de forma no consentida a mujeres en la vía pública.
Una investigación de año y medio
La denominada Operación Sirena II ha sido desarrollada durante dieciocho meses por el Grupo de Menores (GRUME) y la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Melilla.
Las pesquisas comenzaron el 29 de enero de 2025 tras las denuncias presentadas por dos menores especialmente vulnerables. A partir de ese momento, los agentes reconstruyeron la actividad del sospechoso, que trabajaba en distintos establecimientos de hostelería de la ciudad y utilizaba el anonimato de las redes sociales para localizar y captar a sus víctimas.
Captación, manipulación y extorsión
Según la investigación, el detenido llegó a utilizar hasta 23 perfiles falsos en Instagram, cinco de ellos haciéndose pasar por una adolescente, para establecer contacto con menores mediante conversaciones de confianza y un lenguaje afectuoso.
Una vez conseguía estrechar la relación, las convencía para que le enviaran imágenes íntimas. Posteriormente mostraba su identidad real e iniciaba una fase de chantaje, exigiendo nuevo contenido de mayor gravedad o la realización de encuentros sexuales virtuales a cambio de dinero, regalos o bajo la amenaza de difundir las fotografías ya obtenidas.
Un teléfono dañado permitió avanzar en el caso
Uno de los momentos clave de la investigación llegó cuando una de las víctimas entregó a los agentes un teléfono móvil que había intentado destruir por miedo.
Los especialistas en delitos tecnológicos lograron recuperar información almacenada en el terminal, lo que permitió identificar direcciones de correo electrónico, líneas telefónicas y otros elementos fundamentales para vincular al sospechoso con los hechos.
En diciembre de 2025 se llevó a cabo una primera detención y el registro de su domicilio, donde fueron intervenidos numerosos dispositivos de almacenamiento digital.
Más de un millón de conversaciones analizadas
Durante la segunda fase de la operación, los investigadores revisaron alrededor de 500.000 imágenes y vídeos y analizaron más de un millón de conversaciones mantenidas en plataformas como WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook Messenger y Snapchat.
El cruce de toda esa información permitió identificar a once menores como víctimas directas repartidas por distintos puntos del territorio nacional.
Material distribuido por varios continentes
La colaboración con la Sección de Protección de Menores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia confirmó la dimensión internacional del caso. Los análisis forenses determinaron que las imágenes de una menor de Melilla figuraban en la base de datos internacional ICSE sobre explotación sexual infantil.
Además, los investigadores comprobaron que el detenido conservaba los archivos originales desde 2022 y que ese material ya había sido detectado en investigaciones desarrolladas en varios países. Las imágenes aparecieron en redes sociales y aplicaciones de mensajería, así como en dispositivos intervenidos en operaciones contra la pederastia en Europa y América, llegando incluso a localizarse en difusión activa en Brasil durante 2026.
La fase final de la operación se desarrolló el pasado 20 de junio de 2026 con la detención definitiva del sospechoso y su posterior ingreso en prisión preventiva.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta la aparición de nuevas víctimas debido al elevado volumen de archivos digitales intervenidos durante el registro.
