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La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 y la asociación de afectados por el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) en enero de este año subrayan que «sin verdad, justicia e investigaciones independientes, las tragedias se repiten».
«Por desgracia, España ostenta, con diferencia, el récord mundial de tragedias y fallecidos en Alta Velocidad», resaltan, y añaden que «se debería aprender de Japón, donde, desde que comenzó a operar en 1964, no se ha registrado ni una sola muerte ni lesión grave de pasajeros en accidentes de Alta Velocidad».
«El error humano nunca es la causa de una tragedia en un sistema complejo y regulado como es el ferroviario. La consecuencia es obvia: la repetición de tragedias», aseveran.
En un comunicado conjunto, ambos colectivos trasladan su solidaridad con las víctimas de la tragedia de Toledo. «Estamos a su disposición. Reclamamos responsabilidades y transparencia e independencia en las investigaciones», destacan.
«Sabemos, porque lo hemos vivido en primera persona, el sufrimiento y la incertidumbre que acompañan a una tragedia de estas características. Nos ponemos a su disposición. No están solos», añaden.
Gobiernos que «miran hacia otro lado»
A renglón seguido, advierten de que «la tragedia de Toledo no es un hecho aislado, ni una desgracia imprevisible», sino «simplemente la consecuencia directa de unos gobiernos y un Estado que, tras la tragedia de Angrois y tras la de Adamuz sigue mirando hacia otro lado».
«Ha vuelto a suceder y volverá a pasar, las causas son claras», afirman, y apuntan, en primer lugar, que, tras el descarrilamiento del Alvia en Angrois, la Unión Europea abrió dos procedimientos de infracción contra España por incumplir la normativa de seguridad ferroviaria.
«Además, Europa inició una auditoría a Renfe, Adif, cuyo contenido -pese a las trabas del Gobierno- se consiguió en 2024. Auditoría acompañada por una carta en la que la comisaria europea de Transportes expresaba su preocupación al gobierno por una serie de «deficiencias» en todo el sistema ferroviario», recuerdan.
Así, inciden en que Europa determinó que «Adif y Renfe, tenían sistemas de gestión de la seguridad que existían sobre el papel, pero que el personal no entiende en qué consisten y no los aplica correctamente». «No había ningún nexo entre la evaluación de riesgos y la vigilancia y que «sin esa vigilancia es imposible saber si el riesgo está bajo control», profundizan.
En segundo lugar, señalan estos colectivos de víctimas que en España «no se investiga de manera independiente» pues «la Comisión Europea cuestionó en un informe demoledor que la investigación cumpliera con las exigencias de independencia y con la normativa europea, y señalaron la necesidad de realizar una nueva investigación de Angrois».
«El pasado octubre en un encuentro con víctimas en el Congreso, funcionarios investigadores de la tragedia de Adamuz mostraron su preocupación por la falta de transparencia en la investigación y denunció que los informes técnicos se modificaban en instancias superiores», apostillan.
Así, lamentan que «se prioriza la no asunción de responsabilidades por parte del Estado, tanto a nivel político, técnico y judicial frente a la seguridad y vida de los pasajeros».
Consideran que «se puede elegir entre culpar o aprender, porque ambas son incompatibles» y afean que «en Angrois y Adamuz, y parece que Toledo, la prioridad de los diferentes gobiernos (PSOE y PP), es culpar a quien no tiene autoridad y no aprender de los numerosos fallos de gestión».
