Polonia atraviesa desde la pasada noche una grave crisis institucional. El presidente, Karol Nawrocki, ha exigido retirar a la Policía del Tribunal Constitucional y ha convocado una reunión política de urgencia, después de acceder entre empujones a la sede judicial de Varsovia en medio de acusaciones cruzadas de golpe de Estado.

El mandatario ha abandonado el edificio tras permanecer varias horas en su interior, según ha informado la agencia polaca «PAP». Antes de marcharse, ha encargado la lectura de un comunicado en el que denuncia una supuesta toma por la fuerza del alto tribunal y reclama el restablecimiento del orden constitucional. «Esta noche se ha producido una violación del orden constitucional de Polonia y una toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado», ha afirmado Nawrocki.

El presidente de Polonia convoca de urgencia a los partidos políticos

La Presidencia polaca ha anunciado consultas extraordinarias con representantes de las fuerzas parlamentarias para buscar una salida al enfrentamiento que mantiene con el Ejecutivo de Donald Tusk.

Nawrocki considera que los cambios introducidos en la dirección del Constitucional carecen de legitimidad y ha asegurado que el presidente del Tribunal Supremo comparte sus objeciones jurídicas. También ha afirmado haber facilitado el acceso al edificio de Bartlomiej Sochanski, vicepresidente del tribunal apartado temporalmente de sus funciones.

Empujones y acusaciones de agresión en la entrada al Constitucional

Uno de los episodios más tensos de la jornada ha quedado recogido en un vídeo difundido por el portavoz presidencial, Rafal Lekiewicz. Las imágenes muestran a Nawrocki intentando abrirse paso entre varias personas que trataban de impedirle la entrada al edificio. Entre ellas se encontraba Anna Korwin-Piotrowska, la magistrada que había anunciado su nombramiento como nueva presidenta del Tribunal Constitucional.

Durante el incidente se produce un contacto físico entre ambos, interpretado de manera opuesta por las partes enfrentadas. Desde la Presidencia sostienen que se intentó impedir ilegalmente el acceso del jefe del Estado y que se vulneró su inviolabilidad.

Por el contrario, Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno polaco, ha difundido otro vídeo del episodio y ha acusado al mandatario de agredir físicamente a Korwin-Piotrowska y a otros jueces.

La suspensión de dos magistrados desata el enfrentamiento

La crisis se precipitó el viernes, cuando se anunció la suspensión durante un mes del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, y de su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski. Según la agencia «PAP», ambos desaparecieron de la página web oficial del organismo por orden de Korwin-Piotrowska, quien posteriormente compareció ante los medios para comunicar que asumía la presidencia. La reacción llegó desde las propias redes sociales del tribunal, donde se denunció una «toma ilegal» de su página web y se rechazó la autoridad de la magistrada.

El presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski, también ha cuestionado el relevo y ha calificado lo ocurrido como «una toma de poder por la fuerza que tiene todas las características de un golpe de Estado».

Tres detenidos y protestas en las calles de Varsovia

La confrontación ha provocado importantes incidentes en los alrededores de la sede judicial. La Policía de Varsovia confirmó el viernes la detención de tres personas que intentaron entrar en el recinto. Los agentes también intervinieron ante los intentos de varios manifestantes de romper las vallas instaladas para proteger el edificio.

Las protestas han contado con la participación de Jaroslaw Kaczynski, líder del partido conservador Ley y Justicia (PiS), que ha acusado al Ejecutivo de atacar las instituciones del Estado. «A partir de hoy, Polonia se convierte en un estado policial, y de ahí ya hay un camino directo al autoritarismo, y luego al totalitarismo», ha denunciado Kaczynski.

La tensión obligó además a Nawrocki a interrumpir su viaje a Senegal y regresar a Polonia para intervenir personalmente en la crisis.

El origen de la crisis: una disputa por el nombramiento de jueces

El enfrentamiento entre la Presidencia y el Gobierno se remonta a principios de 2026, cuando Nawrocki rechazó tomar juramento a tres de los seis magistrados propuestos por el Parlamento. La negativa impidió completar la renovación del Constitucional y agravó las diferencias entre el jefe del Estado y la mayoría parlamentaria que sostiene a Donald Tusk.

Posteriormente, el nombramiento de Maciej Berek como juez del tribunal añadió un nuevo motivo de confrontación, después de que el presidente también se negara a tomarle juramento. El primer ministro ha defendido su actuación como parte del proceso de recuperación de la independencia judicial tras los años de gobierno de Ley y Justicia.

Tusk ha asegurado que restaurar el Estado de derecho «es un deber» y ha señalado que el país atraviesa «un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida». La oposición, por su parte, considera que las medidas impulsadas por el Ejecutivo suponen una intromisión en el funcionamiento de la Justicia.

Dimisiones diplomáticas y una reunión judicial el 3 de noviembre

Las consecuencias de la crisis también han alcanzado a la representación diplomática polaca. El embajador en China, Jakub Kumoch, ha presentado su dimisión al considerar que la situación actual le impide continuar desempeñando sus funciones. A esta decisión se ha sumado la renuncia del embajador en Rumanía, Pawel Soloch.

Por otro lado, Korwin-Piotrowska ha convocado una reunión general de los jueces del Constitucional para el próximo 3 de noviembre, centrada en la situación presupuestaria del organismo.

La magistrada ha pedido a Nawrocki que reduzca la escalada de tensión y abra una vía de diálogo con el Gobierno, al considerar que las soluciones basadas en el uso de la fuerza perjudican el entendimiento institucional.

La crisis deja a Polonia pendiente de las negociaciones políticas y del futuro de la dirección del Tribunal Constitucional. El principal interrogante es si la Presidencia y el Ejecutivo conseguirán alcanzar un acuerdo sobre la legitimidad de los nombramientos y el funcionamiento del organismo, mientras continúa el enfrentamiento entre las principales instituciones del país.