«La política tiene que desaparecer de las empresas públicas». Este es el clamor de Miguel Montenegro, un ferroviario malagueño, tras el accidente de Urda, en la provincia de Toledo, donde dos trenes colisionaron el pasado miércoles dejando, al menos, 69 fallecidos.
El ferroviario, que también es secretario general del sindicato CGT en Andalucía, ha afirmado que «no puede ser que empresas tan técnicas como las ferroviarias estén gestionadas por gente que no tiene ni idea del ferrocarril».
Asimismo, el ferroviario critica la versión oficial del Gobierno sobre el incidente. El ministro de Transportes, Óscar Puente, culpa del suceso a un «error humano» en el control de Atocha, tras la caída del sistema LZB, cuyo funcionamiento sí que defiende.
Montenegro lamenta las condiciones de los trabajadores, con quienes Puente quiere «cebarse», que desarrollan su labor con «condiciones ínfimas y falta de personal y de medios». «Estamos hartos de decirlo», zanja.
Siente «impotencia y rabia». Considera que, tras el accidente ferroviario de Adamuz –Córdoba– del pasado mes de enero, el colectivo fue «traicionado» por un acuerdo «de la vergüenza» suscrito por el Ejecutivo y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, cuyo «incumplimiento» ha provocado varias huelgas de maquinistas.




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