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La presión para reactivar la lucha contra el narcotráfico en el sur de España ha mutado en un complejo frente institucional en las últimas setenta y dos horas. Una coincidencia de valoraciones inédita en el panorama político andaluz ha configurado un diagnóstico unánime entre cuatro actores de orígenes ideológicos y responsabilidades territoriales plenamente diferenciadas. El argumento compartido señala que la disolución de la unidad de élite OCON-Sur, ejecutada por el Ministerio del Interior en septiembre de 2022 mediante la redistribución de sus mandos en comandancias ordinarias, ha fragmentado el mapa de la seguridad ciudadana, extendiendo los incidentes delictivos desde el Estrecho de Gibraltar hacia el litoral atlántico de Huelva y las vías fluviales interiores de la provincia de Sevilla.
Una misma exigencia desde distintas siglas
La ofensiva institucional arranca desde la propia presidencia de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno Bonilla lidera la reclamación mediante un enfoque autonómico centrado en la protección de los sectores económicos, agrícolas y turísticos de la comunidad autónoma. La exigencia al Gobierno de la Nación busca evitar que la imagen de la región quede vinculada a las acciones de las redes delictivas en las provincias afectadas.
Andalucía exige al Gobierno de la Nación la vuelta inmediata de OCON-Sur para blindar la seguridad de nuestros municipios y frenar la expansión del delito en el litoral
Desde el ámbito municipal, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, aporta la perspectiva del localismo independiente a través de su formación La Línea 100×100 y su nueva marca provincialista 100×100 Unidos, con la que aspira a ampliar su representación al conjunto de la provincia gaditana. Su postura equilibra la necesidad de medios policiales con la urgencia de crear comisiones de trabajo orientadas a la prevención social en barrios desfavorecidos. Aunque Franco describe la situación actual de su municipio como de cierta placidez, advierte con firmeza de que la amenaza sigue latente y requiere acciones anticipadas ante un problema de carácter estructural.
La aparente placidez actual de la comarca gaditana es una amenaza latente si las administraciones no mantienen unidades fijas de vigilancia y prevención social
A esta demanda se suma el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, avalado por cuatro legislaturas consecutivas con mayoría absoluta en su municipio. Landaluce ha trasladado el problema directamente a la Cámara Alta para fiscalizar la gestión del Ministerio del Interior, donde califica la reactivación del grupo de la Guardia Civil como una medida absolutamente necesaria. El senador popular otorga así una proyección nacional a un asunto que amenaza con agravarse si el Ejecutivo central no incrementa la firmeza frente al crecimiento de la violencia de los clanes.
La reactivación de una unidad de élite es absolutamente necesaria y urgente frente a unas mafias que actúan con mayor violencia y recursos que nunca
El cuarto vértice de esta corriente de opinión lo representa la sociedad civil a través de Francisco Mena, presidente de la Federación Nexos y de la Coordinadora Alternativas.
El portavoz vecinal aporta el bagaje de las movilizaciones ciudadanas históricas en el Campo de Gibraltar y coincide con las autoridades en que no se puede bajar la guardia. Mena ofrece, además, un dato contrastado en las intervenciones de las fuerzas de seguridad al afirmar que una parte significativa de los arrestados en los recientes operativos de la costa de Huelva proceden originariamente de los equipos criminales cercados en su día en el Campo de Gibraltar.
El narcotráfico opera bajo la lógica de vasos comunicantes; no podemos bajar la guardia porque las mafias se trasladan de inmediato allí donde detectan menor presión policial
El impacto del «efecto globo»
Los datos sobre el terreno constatan que las organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas operan de forma móvil, trasladando su actividad hacia aquellos territorios donde detectan una menor intensidad en la vigilancia.
Este comportamiento dinámico es el que impulsa la reclamación de un modelo operativo como el implantado en 2018 con el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur). Aquella estructura temporal, integrada por cerca de ciento cincuenta agentes especializados con plena disponibilidad horaria, saldó sus cuatro años de actividad con un balance oficial superior a las diez mil detenciones y la incautación de más de mil cuatrocientas toneladas de sustancias estupefacientes en la zona del Estrecho.
La ausencia de un mando único permanente interconecta de manera simultánea tres puntos críticos de la geografía andaluza. Por un lado, el Campo de Gibraltar actúa como el núcleo original donde el tejido delictivo permanece en una situación latente, expuesto a reactivarse si disminuye la presencia de grupos policiales fijos en la comarca.
A la par, el denominado efecto globo ha desplazado las rutas logísticas principales hacia el litoral de Huelva, un escenario donde la entrada de cargamentos de cocaína incrementa el uso de armas y eleva los índices de peligrosidad, tal como evidenció el triple crimen registrado en el municipio de Isla Cristina. Esta deriva criminal alcanza también la ruta del río Guadalquivir, consolidada como una vía de acceso rápido para las embarcaciones de alta velocidad, lo que introduce los alijos, el suministro ilegal de combustible y los enfrentamientos armados directamente hacia el interior de la provincia de Sevilla.
La confluencia de valoraciones entre un presidente autonómico, un alcalde independiente con proyección provincial, un senador de amplia trayectoria local y un representante del tejido asociativo despoja el debate de siglas para situarlo en una dimensión estrictamente técnica.
El análisis de los datos constata que las redes criminales aprovechan los espacios de menor resistencia para reorganizar sus estructuras, lo que lleva a estos cuatro portavoces a defender que la resolución del conflicto requiere coordinar el restablecimiento de unidades operativas especializadas con intervenciones de carácter social en los entornos vulnerables.
