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La Policía Nacional de Baza ha descubierto una presunta trama dedicada a la contratación fraudulenta de suministros eléctricos que usaba datos personales de numerosos ciudadanos, incluso de personas fallecidas, para formalizar contratos en distintos puntos de España. Tres personas han sido detenidas por estos hechos.
Esta trama ha formalizado más de 2.600 contratos y ha defraudado más de 300.000 euros, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.
La investigación comenzó tras recibir una denuncia desde la propia empresa dedicada a la formalización de contratos de suministro eléctrico. Esto ha permitido detectar una operativa basada en la utilización de identidades de terceros para formalizar nuevos contratos y así percibir comisiones.
Durante la investigación, los agentes han analizado miles de documentos, archivos digitales, contratos y diferentes comunicaciones y han localizado más de 2.600 contratos presuntamente fraudulentos.
Los contratos estarían vinculados a un reducido número de identidades utilizadas de forma reiteradas sin consentimiento ni conocimiento de sus legítimos titulares, quienes desconocían por completo la existencia de dichos contratos, según ha informado la Policía.
«Incluso se habría hecho uso de identidades de personas fallecidas, cuyos datos personales habrían sido utilizados para la contratación de suministros energéticos en distintos inmuebles», ha añadido el Cuerpo policial.
Sucesivas altas, bajas y cambios de comercializadora para obtener comisiones
La investigación permitió acreditar una intensa rotación de contratos mediante sucesivas altas, bajas y cambios de comercializadora, una operativa que presuntamente perseguía incrementar artificialmente el volumen de contrataciones para obtener un mayor rendimiento económico a través del cobro de comisiones vinculadas a la captación y gestión de clientes.
Los investigadores recopilaron indicios que evidenciarían la existencia de actuaciones dirigidas a evitar la continuación de las denuncias presentadas por algunos de los perjudicados, incluyendo conversaciones en las que presuntamente se ofrecían compensaciones económicas para que desistieran de las acciones iniciadas.
El principal investigado y detenido es un hombre de 46 años y con antecedentes previos por hechos similares. Se le atribuye presuntamente la comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Dos trabajadoras de la empresa también han sido investigadas por su presunta participación en los hechos.
Las diligencias policiales, junto con la abundante documentación recopilada durante la investigación, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente para la continuación del procedimiento.
