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La Policía Local ha inmovilizado 19 vehículos y ha interpuesto 21 denuncias por distintas infracciones relacionadas con la prestación de servicios de transporte con conductor (VTC) durante los meses de junio, julio y agosto. Las sanciones oscilan entre los 1.001 y los 4.001 euros.
Estas actuaciones se enmarcan en la segunda fase del operativo ‘Transporte Legítimo’, puesto en marcha para detectar posibles fraudes en la prestación de servicios de vehículos de transporte con conductor. Durante este periodo se han realizado más de 1.300 inspecciones en distintos puntos del municipio, especialmente en zonas del litoral, el centro, el aeropuerto y el Real Cortijo de Torres.
Según ha informado el Ayuntamiento, de las 21 denuncias formuladas, nueve corresponden al inicio de servicios en un ámbito territorial distinto al autorizado, una infracción que conlleva una sanción superior a los 1.000 euros.
Las otras doce denuncias se deben al ejercicio de la actividad de arrendamiento de vehículos sin disponer del correspondiente título habilitante. En estos casos, las infracciones están sancionadas con multas de 4.001 euros y conllevan además la inmovilización del vehículo.
Desde la Policía Local han señalado que el operativo es complementario al trabajo que se desarrolla durante todo el año para controlar las prácticas no autorizadas y garantizar el cumplimiento de la normativa. Para ello, agentes de paisano, con el apoyo de efectivos uniformados de las Jefaturas de Policía de Barrio, han llevado a cabo controles de documentación y han detectado y corregido distintas infracciones.
Una nueva práctica relacionada con vehículos de segunda mano
Tras las actuaciones y el análisis de la documentación intervenida, los agentes del Grupo de Acción Preventiva (GAP) han detectado una nueva práctica que podría estar utilizándose para ejercer la actividad de VTC en Andalucía.
Según la Policía Local, esta práctica consistiría en adquirir vehículos de segunda mano que en su día dispusieron de autorización para ejercer como VTC en municipios andaluces y que todavía conservan los elementos identificativos necesarios para prestar este tipo de servicio en la comunidad autónoma.
Una vez adquirido el vehículo con dichos distintivos, el comprador obtendría mediante un traspaso una autorización de VTC de otra comunidad autónoma, donde el precio puede ser inferior, para posteriormente ejercer la actividad en Andalucía.
La Policía Local mantiene los controles con el objetivo de detectar este tipo de prácticas y garantizar que la prestación de los servicios de transporte con conductor se ajusta a la normativa vigente.
